CDMX.- Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM y veterano del PRI, admitió este 2 de noviembre que él mismo le pidió al presidente del Senado, Higinio Martínez, que indagara sobre las reglas de uso del Salón de Protocolo del AICM para saber si seguía disponible para los tres Poderes. Insistió en que no buscaba privilegios, solo “información”, y calificó de “exceso” la gestión de Daniel Sibaja, el secretario técnico que terminó enviando un oficio formal a la Cancillería el 5 de octubre solicitando el acceso para los senadores en días de sesión. El salón, reservado para diplomáticos, fue negado por la SRE y el aeropuerto por razones de seguridad.
El episodio no es menor. La senadora priista Claudia Anaya sacó a la luz el oficio, Higinio Martínez lo tachó de “error garrafal” de Sibaja por actuar sin acuerdo de la Mesa Directiva, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo cortó de tajo: “Cero privilegios. Que no se nos olvide de dónde venimos”. Mientras tanto, Ramírez Marín —quien ya había planteado el tema argumentando que en legislaturas pasadas sí se usaba— ahora presenta su intervención como una simple consulta inocente y deja la responsabilidad en el funcionario de menor rango.
Es el mismo patrón de siempre: el político de larga trayectoria que se siente con derecho a filas más cortas y espacios exclusivos mientras el ciudadano común hace cola en el AICM, y que, cuando el escándalo estalla, se lava las manos. Pedir “información” sobre un salón de protocolo para agilizar llegadas y salidas de senadores no es inocente; es la vieja costumbre de la clase política mexicana de verse como casta aparte. Que un expriista reciclado en el Verde minimice el asunto y hable de una simple “llamada de atención” solo confirma lo lejos que están de la realidad que dicen representar.