El zarpazo de Hacienda: El silencioso despojo de los fondos judiciales en medio de la crisis mexicana
Según el CJF, estos fideicomisos no son un fondo discrecional para el gobierno
CDMX.- En un movimiento que ha encendido las alarmas sobre la independencia del Poder Judicial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tomó el control de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, transfiriendo todos sus recursos a sus propias cuentas sin el aval del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Este acto, ejecutado a través de Nacional Financiera (NAFIN), no solo ha sido calificado como una violación a los protocolos legales, sino que pone en riesgo la separación de poderes, un pilar esencial de la democracia mexicana.
Según el CJF, estos fideicomisos no son un fondo discrecional para el gobierno: están destinados a cumplir obligaciones laborales, como el pago de indemnizaciones a jueces y magistrados cesados tras la reciente reforma judicial. El CJF ya prepara acciones legales para revertir esta maniobra, advirtiendo que la falta de estos recursos podría generar un colapso en el sistema judicial al dejar sin sustento a cientos de trabajadores afectados.
Un contexto de tensiones y reformas controvertidas
Este episodio no ocurre en el vacío. Desde 2024, México vive una reconfiguración del Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. La reforma judicial, que incluye la elección de jueces por voto popular y la reestructuración de órganos clave, ha sido señalada por expertos y organismos internacionales como una amenaza a la independencia judicial. Human Rights Watch, en un informe de 2021, ya había advertido sobre los intentos de López Obrador de controlar al Poder Judicial, recordando el polémico "Ley Zaldívar" que buscaba extender el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en lo que fue interpretado como un intento de consolidar influencia política en el sistema judicial.
El CJF ha dejado claro que los fondos de los fideicomisos son esenciales para garantizar los derechos laborales de más de 1,691 jueces y magistrados que, según datos oficiales, podrían ser reemplazados en las elecciones judiciales previstas por la reforma. Sin estos recursos, el sistema enfrenta un riesgo real de parálisis, ya que no habría cómo cumplir con las indemnizaciones legalmente estipuladas.
Reacciones: Indignación y acusaciones de desesperación económica
La noticia, desató una ola de críticas en redes sociales. Usuarios como Miguel Resendiz (@MigueAResendiz) señalaron que este movimiento evidencia un "narcogobierno quebrado", incapaz de financiar incluso la compra de medicamentos para el sector salud, lo que consideran una simulación para justificar la falta de recursos. "Están desesperados", escribió Resendiz, una percepción compartida por miles que ven en esta acción un síntoma de la crisis fiscal que atraviesa el país.
Por su parte, Edgar Jiménez (@citizenedgar) acusó a Morena de saquear sistemáticamente los ahorros de los mexicanos, desde las Afores hasta los fondos del Infonavit, para financiar proyectos emblemáticos del gobierno. "Van por todo. NO HAY DINERO, están desesperados", afirmó en su cuenta de X.
Mariana(@LMarianaLuna) fue más allá, comparando el endeudamiento actual con el costo de siete Fobaproas, en referencia al rescate bancario de los años noventa que marcó una de las peores crisis económicas en la historia de México.
Datos de CEIC Data confirman la magnitud del problema fiscal: en enero de 2025, la deuda del gobierno nacional alcanzó los 896.3 mil millones de dólares, un aumento respecto a los 874.8 mil millones del mes anterior. Además, el déficit fiscal consolidado de México llegó al 4.2% del PIB nominal en septiembre de 2024, lo que refleja las dificultades del gobierno para equilibrar sus finanzas mientras impulsa proyectos de alto costo.
Un patrón de intervención y el riesgo de un golpe institucional
No es la primera vez que el gobierno de Morena intenta redirigir los fideicomisos judiciales. En 2023, la administración de López Obrador ya había intentado una maniobra similar, proponiendo la extinción de estos fondos para destinarlos a otras prioridades, un plan que fue detenido por amparos y resoluciones judiciales. Sin embargo, esta vez el gobierno optó por actuar sin consultar al CJF, lo que usuarios como Gustavo Salas (@Gustavo_Salas) calificaron como un "golpe de Estado" al sistema de pesos y contrapesos.
El CJF, anunció que alista una batalla legal para recuperar los fondos, lo que podría derivar en un enfrentamiento directo con el Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este no sería el primer caso en que la Corte frena los excesos del gobierno: en 2021, la SCJN ya había declarado inconstitucional la "Ley Zaldívar" por considerar que atentaba contra la autonomía del Poder Judicial.
¿Hacia dónde va México?
La acción de Hacienda no solo pone en jaque la estabilidad del Poder Judicial, sino que alimenta las críticas sobre la gestión económica y política de Morena. Con un déficit creciente, un endeudamiento histórico y una ciudadanía cada vez más frustrada, el gobierno parece dispuesto a cruzar líneas que antes se consideraban intocables. Mientras el CJF se prepara para defender su autonomía, la pregunta que queda en el aire es si este enfrentamiento marcará un punto de quiebre en la ya frágil relación entre los poderes en México. Lo que es seguro es que, como dijo la usuaria Martha (@Martha210414), "las acciones legales quedarán en el olvido, y nadie será culpable", un reflejo del escepticismo que reina entre los mexicanos ante un sistema que parece cada vez más al servicio de unos pocos.
Por ahora, el Poder Judicial resiste, pero el costo de esta batalla podría ser mucho mayor de lo que los números reflejan. México, una vez más, se encuentra en una encrucijada donde la democracia y la justicia están en juego.