CDMX.- La imagen que circula en redes es brutal y no necesita adornos: el Zócalo de la Ciudad de México cubierto de miles de ataúdes blancos, alineados como si formaran una sola masa, con la bandera nacional ondeando en medio. La comparte Israel Rivas, del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, y la retoma el periodista Manuel López San Martín con una frase directa: hay dinero para obras faraónicas, pero no para la salud. Representa, según esas organizaciones, a los más de 5.000 menores con cáncer que habrían fallecido por falta de medicamentos oncológicos en los últimos años.
La cifra no es oficial —México no publica registros claros y actualizados que midan el impacto exacto del desabasto—, pero tampoco es inventada de la nada. Los padres y colectivos la sostienen desde hace tiempo y acaban de formalizarla en una denuncia ante la FGR contra Andrés “Andy” López Beltrán y el empresario Amílcar Olán, a quienes acusan de presuntas irregularidades, sobreprecios y contratos opacos en la compra de medicamentos a través del extinto Insabi y esquemas estatales. El desabasto oncológico pediátrico es real y documentado desde 2019: protestas recurrentes, amparos ganados, hospitales sin metotrexato, vincristina o asparaginasa, y tasas de sobrevida infantil que se quedan en torno al 50-60 %, lejos de lo que se logra en países con sistemas más funcionales. Mientras tanto, el Tren Maya se acerca o supera los 500 mil millones de pesos en costo total, con sobrecostos masivos, operación deficitaria y subsidios diarios millonarios que no paran.
Esa es la contradicción que la imagen del Zócalo pone al desnudo sin metáforas. El discurso de “primero los pobres” y de limpiar la corrupción en la compra de medicinas terminó en un sistema de salud que sigue fallando a los más vulnerables, mientras se destinan recursos colosales a proyectos monumentales cuya rentabilidad es discutible y cuyo costo de oportunidad es, literalmente, medible en vidas infantiles. No se trata de negar que el cáncer mata de por sí; se trata de que la falta de continuidad en los tratamientos agrava muertes evitables en un país que sí tiene dinero, pero elige gastarlo en otros lados. Las denuncias buscan responsabilidades concretas. Hasta ahora, lo que ha quedado claro es la persistencia del problema y la ausencia de una solución real.