Emboscan y asesinan al presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, en un nuevo episodio de violencia política
Hernández García fue trasladado a una clínica local y, debido a la gravedad de sus heridas, derivado al hospital de Teojomulco, pero falleció en el trayecto.
Oaxaca.- En un nuevo capítulo de la escalada de violencia política que sacude Oaxaca, el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, y dos policías municipales fueron asesinados la madrugada de este 15 de mayo en una emboscada en el paraje conocido como “El Tablero”, en el camino hacia la comunidad de El Mamey. Según reportes preliminares de seguridad pública, el edil regresaba de la fiesta patronal de Llano de Tigre cuando la patrulla en la que viajaba fue atacada con armas de grueso calibre. Tres personas más resultaron heridas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
Hernández García fue trasladado a una clínica local y, debido a la gravedad de sus heridas, derivado al hospital de Teojomulco, pero falleció en el trayecto. La Fiscalía General de Oaxaca confirmó las tres muertes, pero no ha proporcionado detalles sobre los heridos ni avances en la investigación. Este atentado se suma a una serie de crímenes políticos en el municipio y en el estado, que reflejan un contexto de inseguridad y disputas de poder que parecen enquistarse en la región.
Un municipio bajo asedio
Santiago Amoltepec no es ajeno a la violencia. El pasado 8 de enero, Laurencio Hernández, hermano del hoy fallecido Mario Hernández, fue asesinado en otro paraje del municipio, “El Pozo”, entre las 2:30 y 3:00 de la madrugada. Apenas un año antes, el 24 de mayo de 2024, el síndico municipal, Gaudencio Hernández Hernández, y su hijo Rafael Gaudencio fueron ejecutados, presuntamente por un grupo armado de la comunidad vecina de Piedra del Tambor. En 2023, el municipio también fue escenario de dos episodios sangrientos: en febrero, cinco personas, incluidos tres hijos del expresidente Abel García, fueron asesinadas frente al palacio municipal en un aparente intento de ataque contra la autoridad local; y en junio, el tesorero municipal, Teodosio Ojeda Velasco, murió en un asalto.
Esta secuencia de crímenes sugiere un patrón de violencia política y venganzas locales que trasciende lo aislado. Santiago Amoltepec, un municipio de la región Costa de Oaxaca, enfrenta tensiones derivadas de conflictos agrarios, disputas por el control político y la presencia de grupos armados, problemas comunes en zonas rurales del estado donde la autoridad estatal y federal parece desbordada.
Oaxaca: un estado en llamas
El asesinato de Mario Hernández no es un caso aislado en Oaxaca. En los últimos días, otros actores políticos han sido blanco de la violencia: el 11 de mayo, Gerardo Leobardo Santos López, excandidato a presidente municipal de Santa María Ipalapa, fue asesinado; un día antes, el regidor de Santiago Niltepec, David Castillejos Cruz, corrió la misma suerte. A estos se suman los homicidios de Caleb Rodríguez Ortega, líder sindical y excandidato a la alcaldía de San Pedro Pochutla, y de Jaime Enrique Laredo Toscano, exaspirante a agente municipal en Santiago Pinotepa Nacional, ambos en fechas recientes.
Según el informe de violencia política de la consultora Etellekt, Oaxaca es uno de los estados con mayor incidencia de agresiones contra políticos en México, con 34 asesinatos de figuras públicas registrados en 2024, solo superado por Guerrero y Michoacán. Las elecciones locales de 2024 y la transición de autoridades en 2025 han exacerbado las tensiones, en un contexto donde el crimen organizado y las disputas por el control territorial se entrelazan con la política.
Un llamado a la acción
La emboscada contra Mario Hernández García no solo enluta a Santiago Amoltepec, sino que pone en evidencia la fragilidad del estado de derecho en Oaxaca. La ausencia de investigaciones concluyentes en los casos previos y la falta de una estrategia integral para frenar la violencia política perpetúan un ciclo de impunidad que amenaza la gobernabilidad. Mientras las autoridades estatales y federales no refuercen la seguridad en los municipios y aborden las raíces de estos conflictos —como los problemas agrarios y la proliferación de armas—, la lista de víctimas seguirá creciendo.
La Fiscalía de Oaxaca tiene la obligación de esclarecer este triple homicidio y garantizar justicia, no solo para las familias de las víctimas, sino para una sociedad que exige paz. La pregunta que queda es si este nuevo crimen será el catalizador para una respuesta efectiva o si, como en casos anteriores, se diluirá en el olvido.