Ginebra.- Expertos de Naciones Unidas exigieron este miércoles al Estado mexicano proteger a las mujeres buscadoras ante una violencia que calificaron de alarmante y, en los casos más graves, letal. El pronunciamiento, difundido desde Ginebra, no es un llamado diplomático suave: apunta a un incumplimiento del deber de proteger a defensoras de derechos humanos y describe un entorno de “impunidad casi total”. En 72 horas, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, Sinaloa concentró tres agresiones que los relatores usaron como evidencia. El 29 de agosto se denunció la desaparición de la defensora Elisa Altagracia Bonilla y, el mismo día, atacaron a Alma Rosa Rojo Medina, fundadora de Voces Unidas por la Vida, junto con su hija y dos menores. El 1 de septiembre, un vehículo arrolló a integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa durante una manifestación pacífica en Mazatlán. Ese colectivo ya había sufrido el asesinato de Rubí Gómez-Tagle en 2026 y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025.
La advertencia no se queda en el recuento de nombres. Los expertos —entre ellos la relatora sobre defensores Andrea Bolaños Vargas, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales Morris Tidball-Binz y los grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas y discriminación contra las mujeres— recordaron que buscar e investigar no es un favor que el gobierno concede a las familias: es obligación del Estado. Atacar a quien sale a campo, fosa o baldío a hacer el trabajo que las instituciones no concluyen no es un “exceso” aislado; es, dijeron, un modo de perpetuar el ciclo de dolor. Mientras la Asamblea General de la ONU reconoce el 19 de diciembre como Día Internacional de las Mujeres Buscadoras, en México esas mismas mujeres siguen sin blindaje real. El contraste es brutal: afuera hay resolución; adentro, amenazas, atropellos y puertas cerradas.
Eso es lo que duele de esta alerta. No hace falta inventar un relato: colectivos llevan meses plantándose ante la Fiscalía General de la República para exigir atención, y periodistas documentaron que ni ahí ni en Palacio encuentran recepción. La crítica de Ginebra deja al descubierto una falla de Estado, no un malentendido de comunicación. Si la búsqueda recae sobre madres, hermanas e hijas que caminan terrenos peligrosos porque las instituciones no dan resultados, el problema no es “la narrativa”. El problema es que el país convierte a las sobrevivientes en la siguiente víctima y después pide comprensión. La ONU ya puso el diagnóstico. Lo que falta es que el Estado deje de tratarlo como un comunicado incómodo y empiece a asumir la búsqueda, la investigación y la protección como lo que son: su trabajo, no el de las familias.
