Guerrero .- La mañana del sábado 5 de septiembre aparecieron restos desmembrados a orilla de la carretera Chilpancingo-Acapulco, en Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero. La Fiscalía de Guerrero confirmó que una de las víctimas era un elemento de la Guardia Nacional; Defensa precisó después que el agente y otras tres personas fueron hallados sin vida. Horas antes ya circulaba un video de unos ocho minutos: el hombre, sentado y a la fuerza, se identifica como Eduardo Bustos Pérez, de la 37 Coordinación de Iguala, comisionado en El Ocotito, y dice que su superior —el cabo Medina— y un tal Montoro, de la fiscalía, operan para Los Tlacos contra Los Ardillos. Junto a los restos dejaron cartulinas con esos mismos nombres.
Esa grabación no es una declaración voluntaria: es un interrogatorio de cautiverio, y tratarla como “confesión” sería tan irresponsable como ignorarla. El dato duro es otro. Un agente en días de descanso, originario del estado, es levantado, exhibido y abandonado en una federal con un mensaje dirigido a mandos de la propia corporación y de la FGE. Defensa respondió con el comunicado de siempre: el crimen sería represalia por operativos “sin distinción” contra Tlacos, Rusos y Ardillos; desplegó 284 efectivos y al día siguiente anunció 16 detenidos… de Los Ardillos. Es decir, cayeron los que el video señala como objetivo, no los que el video señala como patrón.
Guerrero no necesita otra “investigación abierta”. Necesita que alguien explique por qué un cuerpo de seguridad federal se vuelve pieza de un ajuste entre cárteles locales y por qué la primera reacción institucional es tapar el nombre propio con un operativo al enemigo del enemigo. Mientras Medina y Montoro queden en el limbo de “se investigará”, el mensaje de Plan de Lima ya está escrito en la carretera: El uniforme no frena al crimen; a veces le hace el trabajo de vigilancia.
