Sinaloa.- La secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, admitió que hay docentes pidiendo cambio de plantel por seguridad. Lo dijo en voz baja institucional: hay solicitudes, pero no hay cifra. Esa omisión no es un detalle administrativo; es la forma en que el gobierno convierte el miedo del magisterio en un trámite opaco, mientras insiste —desde 2024— en que el aula es el refugio más seguro de la niñez y que los maestros ya saben “distraer” a los niños cuando afuera hay balazos.
Dos años después del estallido de violencia, el discurso choca con el piso. Mexicanos Primero documentó que en el ciclo 2025-2026 al menos una escuela suspendió clases en 105 de 185 días; la inseguridad fue una de las causas principales. En mayo, la propia SEPyC reconoció 180 alumnos reubicados por desplazamiento. En septiembre, tres maestras fueron asesinadas —dos en activo, una jubilada— y la Fiscalía abre carpetas por feminicidio. En la sierra de Rosario, docentes subieron escoltados por el Ejército al arranque del ciclo y, en off, dijeron que eso no es seguridad: es simulación. Pedir cambio de escuela no es capricho laboral. Es la última válvula de escape de quien ya no quiere apostar la vida a un protocolo.
La crítica dura no es contra el maestro que se mueve. Es contra un Estado que presume “entornos escolares seguros” mientras no publica cuántos profesores huyen de su plaza, cuántos grupos quedan sin titular y cuántos niños aprenden entre suspensiones, virtualidad improvisada y funerales. Si la secretaria no puede o no quiere decir el número, el dato ya está dicho: la paz escolar en Sinaloa no se mide en comunicados, se mide en solicitudes de escape.