Escándalo: FGR investiga a Marinsa por lavado y huachicol, es una de las contratistas favoritas de Pemex, empresa asociada a Felipa López Olán, prima de AMLO
La FGR ha puesto la mira en Marinsa, filial de Grupo Cemza con sede en Ciudad del Carmen. En 2019, la naviera se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, empresa de la prima de AMLO.
CDMX.- La naviera Marinsa de México, una de las empresas predilectas de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto esquema de lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles que pone en entredicho su historial de contratos millonarios. La investigación, que abarca movimientos bancarios por más de 22 mil millones de pesos entre 2019 y 2022, se entrelaza con un escándalo adicional: la sociedad de Marinsa con Felipa Obrador Olán, prima del ex presidente, en un contrato con Pemex que destapó acusaciones de nepotismo y falta de transparencia en el manejo de la paraestatal.
La FGR ha puesto la mira en Marinsa, filial de Grupo Cemza con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, tras detectar depósitos por 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares (equivalentes a 10 mil 705 millones de pesos) entre 2019 y 2022, sin documentación que acredite su origen lícito. Según un dictamen contable de peritos fiscales, estas operaciones carecen de soportes contables claros, lo que ha levantado sospechas de lavado de dinero y posibles vínculos con el "huachicol marítimo", un delito que implica el robo y tráfico ilícito de combustibles. La denuncia que dio pie a esta pesquisa, presentada de forma anónima en 2022, también señala transferencias inusuales entre cuentas de Marinsa y otras empresas del grupo, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste, además de posibles nexos con actividades de contrabando en Isla del Carmen durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El caso toma un giro político con la conexión de Marinsa a Felipa Obrador. En 2019, la naviera se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, empresa de la prima de López Obrador, para ganar un contrato de Pemex por 231 millones de pesos destinado a la inyección de químicos en pozos petroleros. Este acuerdo, que no fue transparentado como un potencial conflicto de interés, generó controversia y llevó a la cancelación de varios contratos en 2020 tras ser expuesto por la prensa. Sin embargo, Marinsa continuó recibiendo contratos de Pemex, incluyendo uno por 160 millones de pesos en 2023, a pesar de que el área jurídica de la petrolera había recomendado no trabajar con la empresa por incumplimientos previos. José Luis Zavala Solís, accionista mayoritario de Marinsa y figura central en las investigaciones, también enfrenta señalamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2020 por presunta defraudación fiscal.
El escándalo no solo expone las operaciones opacas de Marinsa, sino también las debilidades estructurales de Pemex, una empresa que, bajo el discurso de "rescate" del gobierno anterior, recibió 1.4 billones de pesos en apoyos públicos entre 2019 y 2024, mientras acumulaba pérdidas por 1.3 billones y mantenía una deuda cercana a los 97 mil millones de dólares. La asignación de contratos a empresas con antecedentes cuestionables, sumada a la falta de controles efectivos, refuerza las críticas sobre el manejo de la petrolera, que prometió ser un pilar de la soberanía energética, pero sigue atrapada en controversias de corrupción y favoritismo.
La investigación de la FGR, que incluye carpetas abiertas desde 2020 por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y robo de hidrocarburos, aún no ha dado resultados definitivos. Un episodio clave fue la captura en 2020 del buque Go Canopus, operado por Marinsa, con 450 mil litros de combustible presuntamente ilegal en el Golfo de México, aunque esa indagatoria fue archivada por falta de pruebas. La reapertura del caso en 2022, tras una denuncia anónima con información detallada, sugiere que las autoridades podrían estar acercándose a desentrañar una red más amplia de irregularidades.
Este caso pone en jaque la narrativa de integridad que López Obrador defendió durante su gestión y plantea preguntas incómodas sobre hasta dónde llegaron las redes de influencia en el sector energético. Mientras la FGR continúa su trabajo, el destino de Marinsa y su papel en el entramado de Pemex seguirán alimentando un debate que México conoce bien: el del petróleo como reflejo de sus contradicciones políticas y económicas.