Ciudad de México.— Agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR permanecieron casi un día completo en las áreas de contratos y finanzas del Instituto Nacional Electoral, en el marco de las primeras diligencias por una investigación de corrupción que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, al empresario José Alfredo Hernández Casillas y a diversos funcionarios y exfuncionarios del organismo.
Según reportes internos del INE, el personal ministerial ingresó a la Torre Zafiro II (Periférico Sur 4124) alrededor de las 11:30 del miércoles y se retiró cerca de las 5:00 de la mañana del jueves. Llevaban un listado de mandos medios y de contratos concretos que debían revisar. Las actuaciones se concentraron en los pisos 1 y 6, particularmente en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, que hasta hace poco encabezaba Mario Alfonso Burciaga Esparza.
Burciaga dejó el cargo después de aparecer en un video de Latinus durante una celebración con Hernández Casillas y otras personas, en la que festejaron la adjudicación del contrato para la producción de credenciales de elector. Entre los posibles ilícitos que se investigan figuran conflicto de interés, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones, tráfico de influencias, cohecho y peculado.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó del operativo al resto de los consejeros al término de la sesión del Consejo General del miércoles, cuando los agentes ya se encontraban en el edificio. Fuentes del instituto señalaron que Liliana Díaz, encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración (designada durante la gestión de Taddei), no avisó previamente a los consejeros sobre la llegada de la fiscalía. Ante esa omisión, las consejerías pedirán un informe detallado de la intervención.
El caso se suma a otras indagatorias del Órgano Interno de Control del INE, que ya revisa a varios funcionarios de la administración anterior por posibles conflictos de interés, y al anuncio del propio instituto de canalizar irregularidades detectadas hacia la FGR.