Sonora.- Mónica Gámez, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, grabó un video para denunciar que una camioneta blanca la siguió en Hermosillo desde su zona residencial hasta la carretera a Nogales. Dice que tiene “mucho miedo”, que ya recibió amenazas y le pide al gobernador Alfonso Durazo seguridad y medidas cautelares. La Fiscalía de Sonora respondió que ella no ha presentado denuncia formal y que apenas buscan contactarla para evaluar si procede alguna protección.
Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, llegó deportado de Argentina y está en el Altiplano, señalado por la FGR como uno de los cabecillas —junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto— de una red de huachicol fiscal que usaba buques, documentos falsos y aduanas cómplices para introducir combustible haciéndolo pasar por aceites o aditivos. Solo en los primeros operativos las autoridades hablaron de un golpe superior a 340 millones de pesos; la red operó en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. El expediente también registra propiedades de lujo, movimientos millonarios que no cuadran con su sueldo y vínculos con empresas de un empresario sonorense condenado por fraude en Estados Unidos.
Ahora la familia pide resguardo estatal mientras el marido enfrenta el proceso y la defensa insiste en que es chivo expiatorio. El contraste es brutal: años de presunto saqueo al erario desde puestos de mando en la Marina, y apenas cuando el presunto operador está preso aparece el reclamo de protección. Si el seguimiento ocurrió, hay que investigarlo. Pero el Estado no puede olvidar que el daño documentado es millonario y que los de arriba, empezando por quien comandó la Semar, siguen sin rendir cuentas claras. El miedo de la esposa no borra la factura que pagó el país.