Washington, Estados Unidos.— Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, su gobierno ha negociado con países en desarrollo la recepción de extranjeros que, por ley o por circunstancias diplomáticas, no pueden ser repatriados al lugar del que salieron. Forbidden Stories, una organización sin ánimo de lucro que coordina pesquisas periodísticas cuando un tema es sensible o un reportero está en riesgo, compiló los envíos junto con un grupo de medios internacionales hasta el 31 de agosto de 2026.
El recuento llega a 25.447 personas. Unas 20.000 fueron entregadas a México. Las demás se distribuyeron en 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Hay pactos cerrados con otros siete Estados. Las cláusulas no son uniformes: cambian las nacionalidades admitidas y si el receptor acepta o no a quienes tienen antecedentes penales.
El costo estimado de la red es de 410 millones de dólares, pagados a gobiernos o canalizados por agencias de Naciones Unidas para “facilitar” los traslados. Documentos internos del Departamento de Estado —la cancillería estadounidense— indican que 81 millones irían directo a tesorerías nacionales. El resto se destina a organismos de ayuda: más de 178 millones a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU que asiste movimientos de personas, y 123 millones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que protege a solicitantes de asilo.
Las agencias se defienden. ACNUR dijo al consorcio que no forma parte de los convenios bilaterales y que el dinero se usa según su mandato, para reforzar sistemas de asilo. Un vocero de la OIM sostuvo que aceptan fondos solo si consideran que su presencia mejora la vida de los afectados.
Quienes llegan, sin embargo, describen otra cosa. Abogados consultados por la agencia AFP a lo largo del año hablaron de un “limbo legal”: gente retenida sin cargos en un país que no es el suyo, con pocos derechos y sin una ruta clara para salir. Washington ha usado, además, vetos de visa y restricciones contra Estados africanos como palanca para que acepten cupos. Forbidden Stories afirma que 49 de los 54 países de África fueron sondeados.
El brazo negociador es poco conocido. En mayo de 2025 el Departamento de Estado creó la Oficina de Remigración. La dirige Christian Jove Ehrhardt, diplomático de 41 años con pasado en seguridad. El informe sigue sus gestiones en Camerún: en diciembre ese gobierno firmó un memorando para recibir deportados; una semana después apareció un programa sanitario de cinco años por casi 400 millones de dólares; en enero, otros 30 millones para ACNUR en Camerún, presentados como apoyo al “retorno voluntario” y al combate de la migración irregular. El primer avión aterrizó el 14 de enero.
Hay pagos más explícitos. Palaos, archipiélago del Pacífico con menos de 18.000 habitantes, aceptó hasta 75 personas a cambio de 7,5 millones de dólares. Hasta ahora han llegado tres. Esuatini, el reino del sur de África antes llamado Suazilandia, recibió 32 desde julio de 2025 de un cupo de 160 valorado en más de 5 millones; según la pesquisa, admite también a deportados con historial penal.
Para el Gran Caribe el esquema no es abstracto. México concentra el grueso de los envíos y es la puerta terrestre hacia Estados Unidos. Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela figuran desde hace años entre las nacionalidades que Washington intenta reubicar cuando no hay vuelos directos o cuando el país de origen no los recibe. Jamaica y otros socios de la Comunidad del Caribe han discutido cupos de “terceros nacionales”. Miami y el sur de Florida son, a la vez, destino de la diáspora y base operativa de las redadas.
El gobierno estadounidense presenta los pactos como alivio de su frontera. Los receptores cobran o reciben ayuda. Los trasladados quedan en un país que no eligieron, sin red familiar y, a menudo, sin estatus. La cifra de 25.000 es un piso. Los convenios siguen abiertos.