Estos son candidatos al Poder Judicial señalados por tener nexos con el crimen organizado y vínculos políticos
Silvia Rocío Delgado, Erik Salvador Nevarez, Óscar Sámano Alarcón, Pedro Chávez Guzmán, Miguel Prado Morales, Karina Acosta Dueñez.
CDMX.— Una revisión exhaustiva a las listas de candidatos al Poder Judicial local en 19 entidades de México, cuyos cargos serán electos el próximo 1 de junio, ha revelado preocupantes señalamientos sobre posibles vínculos con el crimen organizado, nexos con partidos políticos y gobiernos estatales, así como antecedentes de decisiones judiciales controvertidas. La admisión del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre la existencia de al menos 20 aspirantes al Poder Judicial Federal con presuntos lazos con el crimen organizado ha intensificado el escrutinio hacia los contendientes locales.
Candidatos con señalamientos de nexos con el crimen organizado
La organización no gubernamental Defensorxs, pionera en alertar sobre candidatos que no cumplen con el requisito de probidad para las elecciones judiciales, destacó el caso de Silvia Rocío Delgado García, postulada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua para ocupar el cargo de jueza en materia penal en el distrito de Bravos. Según la información proporcionada por Defensorxs, Delgado García formó parte del equipo de defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, en 2016. Durante ese periodo, promovió un amparo para que el capo recibiera una cobija adicional en el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 de Ciudad Juárez.
Otro caso relevante es el de Erik Salvador Nevarez Estrada, candidato a juez penal para el distrito de Benito Juárez en Chihuahua. Medios locales lo han señalado por haber liberado a Enrique López Acosta, alias El Cumbias, presunto cabecilla de la facción Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, vinculado a una masacre en Creel en 2010. López Acosta fue detenido en diciembre de 2010 en Delicias, Chihuahua, y pasó los primeros años de su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 de Sonora, hasta su traslado a Chihuahua en 2018.
En el Estado de México, Óscar Sámano Alarcón, juez del Distrito II de Cuautitlán, también ha sido cuestionado. Notas periodísticas indican que en marzo de 2024 liberó a Brígido “N”, presunto culpable de abusar sexualmente de su sobrina de seis años. Además, Sámano Alarcón fue acusado de otorgar libertad a tres presuntos responsables del ataque al bar Bling Bling en Cuautitlán Izcalli, ocurrido en noviembre de 2023, que dejó un saldo de seis muertos y cinco heridos. Según su sentencia, los liberó bajo fianza por delitos de narcomenudeo y acopio de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, argumentando que estaban en una “situación vulnerable”, ya que una de las detenidas estaba embarazada de siete meses.
Aspirantes con vínculos políticos
Además de los señalamientos por nexos con el crimen organizado, varios candidatos han sido cuestionados por sus vínculos con gobiernos locales o partidos políticos. Pedro Chávez Guzmán, candidato a juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral para la región de Morelia, Michoacán, trabajó en 2022 en la Dirección Estatal de Derechos Humanos, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad.
En Michoacán también destaca el caso de Miguel Prado Morales, candidato a juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral para la región de Uruapan. Prado Morales fue alcalde por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Nahuatzen de 2015 a 2018. Durante su gestión, el Consejo Ciudadano de Nahuatzen lo acusó de tener nexos con el crimen organizado, aunque no se realizaron investigaciones al respecto. En 2024, Prado Morales buscó la reelección como presidente municipal.
Por otro lado, Karina Acosta Dueñez, candidata a una magistratura local, ha sido identificada por medios locales como esposa de Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno del estado, lo que plantea preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.
Análisis de riesgos
Se identificaron al menos 200 candidatos, tanto a nivel federal como local, con señalamientos por presunta corrupción o nexos con grupos de poder fáctico, como el crimen organizado, religiones u otras organizaciones que, según la legislación electoral, no deberían influir en el proceso.
Esta semana, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que en la lista de aspirantes avalada para la elección judicial se detectaron al menos 20 candidatos al Poder Judicial de la Federación con presuntos nexos con el crimen organizado.
Por su parte, el Programa de Seguridad de México Evalúa identificó a ocho entidades con un riesgo alto o muy alto de que el crimen organizado logre imponer juzgadores, ampliando su nivel de impunidad. Los estados señalados son: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, explicó que el análisis no se centró en cargos federales como ministros, jueces y magistrados, ya que el crimen organizado podría tener menos interés en estos debido a su relevancia política y mediática.
Contexto y preocupaciones
La revelación de estos señalamientos ha generado un debate sobre la idoneidad de los candidatos y la transparencia del proceso de selección para los cargos judiciales. Organizaciones como Defensorxs han puesto en evidencia la necesidad de una revisión más rigurosa de los antecedentes de los aspirantes. La posible influencia del crimen organizado y los vínculos políticos en el Poder Judicial representan una amenaza para la impartición de justicia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Con la elección del 1 de junio acercándose, las autoridades y la sociedad civil enfrentan el desafío de garantizar que los nuevos jueces y magistrados cumplan con los estándares de probidad, independencia e imparcialidad exigidos por la ley.
A continuación, se presenta la lista de los candidatos con señalamientos sobre posibles vínculos con el crimen organizado, nexos con partidos políticos y gobiernos estatales
1. Silvia Rocío Delgado García
- Postulada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua para ser jueza en materia penal en el distrito de Bravos.
2. Erik Salvador Nevarez Estrada
- Candidato a juez penal para el distrito de Benito Juárez en Chihuahua.
3. Óscar Sámano Alarcón
- Juez del Distrito II de Cuautitlán, Estado de México.
4. Pedro Chávez Guzmán
- Candidato a juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral para la región de Morelia, Michoacán.
5. Miguel Prado Morales
- Candidato a juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral para la región de Uruapan, Michoacán.
6. Karina Acosta Dueñez
- Candidata a una magistratura local.