Washington .- La Embajada de Estados Unidos en México no disimuló el tono. Tras los cargos anunciados en Texas contra José Flores Flores, originario de Reynosa, el mensaje fue directo: la administración de Donald Trump usará “todas las herramientas disponibles” contra los cárteles y contra quien los respalde. El joven de 21 años, detenido el 10 de julio cerca de Mission tras reingresar de forma ilegal —ya lo habían expulsado en enero de 2025—, enfrenta acusación de un gran jurado por brindar apoyo material al Cártel del Golfo, designado organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, y por conspiración. El fiscal Aaron Reitz sostuvo que se identificó como sicario de la facción Los Metros y que en su celular hallaron un video de desmembramiento. Se declaró no culpable. Cada cargo de apoyo material contempla hasta 20 años de prisión.
El expediente no es un comunicado diplomático: es una acusación penal con fechas, facción y presunta confesión ante agentes federales. Pero el timing no es inocente. Un día antes, Trump envió al Congreso su determinación anual sobre drogas: reconoció decomisos y cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum —incluso citó la caída de “El Mencho”— y, en la misma respiración, exigió que México “desenmascare, detenga y procese” a funcionarios que habrían cubierto a los cárteles. La Embajada traduce esa presión en una frase de cartel: apoyar a “narcoterroristas” se paga. El problema es el destinatario. Washington exhibe a un halcón-sicario que cruzó el Bravo, no a los nombres que el propio informe estadounidense coloca en el centro de la impunidad.
La crítica dura no es negar la barbarie del Golfo en Tamaulipas ni el hallazgo del video. Es señalar la geometría de la justicia. Estados Unidos convierte un reingreso ilegal en un caso de terrorismo porque ahora tiene la etiqueta legal para hacerlo; México recibe el sermón de “todas las herramientas” mientras en su territorio el mismo cártel sigue cobrando plaza, descuartizando y comprando silencio. Si la advertencia vale para un muchacho de 21 años con rifle y radio, también tendría que valer —y primero— para la red de protección política y policial que permite que esos sicarios existan. Mientras eso no ocurra, el comunicado de la Embajada suena menos a cooperación y más a ultimátum selectivo: el mensaje llega fuerte al otro lado del río; del lado de acá, la consecuencia todavía se reparte a destajo.
