Ciudad de México.— Cuatro expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) —José Woldenberg, Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y Luis Carlos Ugalde— pidieron a la Cámara de Diputados designar cuanto antes a la nueva titular del organismo y plantearon la posibilidad de una recomposición del Consejo General, en medio del escándalo de corrupción que afecta a la institución.
Los exfuncionarios reconocieron que cualquier cambio enfrenta obstáculos políticos y constitucionales, ya que no es posible modificar reglas electorales en pleno proceso. Sin embargo, recordaron que en 2024 Morena impulsó ajustes durante la elección judicial y señalaron que las fuerzas políticas podrían promover ahora una reforma constitucional.
Leonardo Valdés propuso que algunos consejeros renuncien “por dignidad” para facilitar reemplazos. José Woldenberg sostuvo que podría ser necesario remodelar el Consejo porque varios de sus integrantes fueron designados sin incluir a fuerzas de oposición. Se refirió, sin nombrarlos, a los nombramientos más recientes de Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez, realizados por Morena con su mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Luis Carlos Ugalde aclaró que no son ingenuos respecto a las posibilidades reales, pero afirmó que su responsabilidad es generar una reflexión y cierta esperanza de que las cosas puedan hacerse mejor. “No estamos planteando quitarle poder a Morena ni que la oposición colonice al INE; denunciamos que Morena colonizó el INE y proponemos un acuerdo político para reconstruir la confianza”, dijo.
Lorenzo Córdova negó que su equipo haya estado coludido con el grupo empresarial que controla el mercado de materiales electorales —incluido el de los hermanos Hernández Casillas—, señalado en el caso que involucra a la expresidenta Guadalupe Taddei y a otros funcionarios y consejeros estatales. Aseguró que nunca se había visto un escándalo de esta magnitud y reiteró que, de ser necesario, su gestión puede ser auditada de nuevo.
Córdova se deslindó de Juan Carlos Cuervo Escalona, exfuncionario del INE durante su periodo y representante legal de Corporativo Zeg (empresa de los Hernández Casillas). Indicó que ocupó cargos de responsabilidad media y nunca tuvo facultades para otorgar contratos. Según el expresidente, dos decisiones propiciaron las condiciones para la corrupción: la designación de Taddei mediante una “tómbola amañada” en 2023 y la reserva incluida en la reforma judicial de octubre de 2024, que le otorgó facultades amplias, entre ellas nombrar unilateralmente a los integrantes de la Junta General Ejecutiva, encargados de las contrataciones.
En un documento firmado por una veintena de exfuncionarios electorales y leído por Woldenberg, los extitulares insistieron en recuperar la confianza en el INE mediante el regreso al consenso y a la responsabilidad política, especialmente en la designación de la nueva presidenta. Córdova afirmó que el objetivo del pronunciamiento es reconstruir la credibilidad del instituto y contrarrestar tendencias autoritarias, y que el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena deberían ser los principales interesados en que los resultados de 2027 sean creíbles.
Woldenberg recordó que, a diferencia de una ley de presupuesto —que se aprueba por mayoría—, las reglas electorales regulan la competencia y expresan la diversidad democrática. Señaló que todas las reformas electorales desde 1988 se hicieron con consenso de todos los partidos y permitieron que quienes gobiernan hoy llegaran por la vía electoral. “A lo que no tienen derecho es a clausurar este derecho a otras fuerzas políticas”, afirmó, y evocó la lucha de la izquierda mexicana por la apertura democrática.
Ugalde, quien participó desde Boston, subrayó la urgencia de nombrar a la nueva presidenta, pues prolongar la presidencia provisional alargaría la crisis de confiabilidad del INE, aunque consideró que la confianza aún puede repararse. Respecto a la comisión especial impulsada por Morena para revisar el proceso de 2006 a la luz de declaraciones recientes de Vicente Fox, el expresidente del entonces IFE dijo que podría ser una oportunidad para analizar lo ocurrido. Calificó las palabras de Fox de erráticas y arrogantes, y le atribuyó haber contaminado aquel proceso con sus declaraciones y con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, aunque negó que hubiera alteración de boletas o fraude en el que participara el organismo. También señaló que prácticas cuestionadas en 2006 —como la intervención del Ejecutivo o la movilización de servidores públicos y sindicatos— se repitieron en elecciones posteriores, incluida la de 2024.



