Nuevo León.- Clara Luz Flores, la coordinadora morenista de la “Defensa de la Transformación” en Nuevo León —expriista, tres veces alcaldesa de Escobedo y perdedora en 2021 frente a Samuel García—, llegó este 4 de noviembre a la Fiscalía General de la República a presentar dos denuncias penales. Una contra el gobernador de Movimiento Ciudadano, su esposa Mariana Rodríguez y su padre Samuel Orlando García Mascorro, por delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado; la otra contra el alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, por el caso del parque solar Next Energy. Las cifras que esgrime rondan los 7 mil 200 millones de pesos en triangulaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (que ya había denunciado el asunto en octubre) y más de 7 mil 370 millones en el contrato municipal. De ese monto, la ASF señala que cerca de 928 millones habrían terminado en un despacho jurídico ligado a la familia del gobernador.
El timing no es inocente. Faltan meses para que se definan las candidaturas de 2027 y Morena, que durante años convivió o miró para otro lado con el “fosfo fosfo” de García, de pronto se presenta como el justiciero. Ricardo Salinas Pliego lo puso en crudo: “Samuel García es el nuevo corrupto… más de 6 mil millones desviados y triangulados con el método fosfo facturero. Y, obvio, Morena los encubre”. La respuesta de Flores —“si hubiera alianza no denunciaríamos”— suena más a justificación electoral que a convicción. Mientras tanto, el alcalde priista también queda en la mira por un contrato que se infló de forma escandalosa. Corruptos denunciando a corruptos, con la FGR de escenario y el erario de Nuevo León como botín de todos.
Lo que se ve no es una cruzada anticorrupción, sino el uso clásico de la justicia como arma de campaña. La ASF ya había documentado las triangulaciones; la denuncia morenista llega cuando conviene políticamente. García, el de la “nueva política” y los tenis fosfo, sigue gobernando mientras se acumulan expedientes; el PRI y Morena se intercambian acusaciones con la misma soltura con que antes se intercambiaban alianzas. En Nuevo León el ciudadano paga el espectáculo: deudas crecientes, contratos opacos y una clase política que solo se acuerda de la ley cuando el adversario está de por medio.