Expropiación o Extorsión: El Ultimátum de Armenta a Grupo Proyecta Sacude a Puebla
Desde un punto de vista legal, la maniobra de Armenta parece estar en terreno pantanoso
Puebla.- Un nuevo capítulo de tensión entre el poder político y el sector privado se escribe en Puebla. El gobernador Alejandro Armenta Mier, apenas cuatro meses después de asumir el cargo, ha desatado una tormenta de críticas al amenazar con expropiar cuatro hectáreas de terreno a Grupo Proyecta, una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del estado, si no dona dos hectáreas en un plazo de 30 días para construir viviendas destinadas a policías estatales. Lo que Armenta presentó como un "llamado de justicia" durante una conferencia de prensa el pasado 10 de abril, muchos lo han interpretado como una maniobra intimidatoria que bordea el abuso de poder y pone en tela de juicio el respeto a la propiedad privada en México.
Alejandro Armenta, un político de larga trayectoria que comenzó su carrera en el PRI, se unió a Morena en 2017 y se convirtió en gobernador de Puebla el 14 de diciembre de 2024 tras ganar las elecciones de junio con más del 59% de los votos como candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, no dudó en señalar directamente a Grupo Proyecta. "Han tenido mucha riqueza, se han beneficiado mucho. Ya es hora de que le den algo a Puebla", afirmó, refiriéndose a la empresa propiedad de la familia Posada Coeto, conocida por desarrollar Lomas de Angelópolis, un exclusivo complejo residencial al sur de la capital poblana que combina áreas verdes, zonas comerciales y residencias de lujo. Según Armenta, el terreno solicitado —presuntamente en Cholula— sería para un proyecto de vivienda para policías estatales, un propósito que, en teoría, podría justificar una acción de interés público. Sin embargo, su ultimátum ha levantado serias dudas sobre la legalidad y las intenciones detrás de esta demanda.
La amenaza es clara: si Grupo Proyecta no cede las dos hectáreas en un mes, el gobierno iniciará un proceso de expropiación para tomar cuatro hectáreas, el doble de lo solicitado. Aunque Armenta intentó suavizar su discurso asegurando que la petición se hacía "con cariño y respeto", las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, usuarios y analistas calificaron el movimiento como una forma de extorsión disfrazada de política pública. "Amenaza con robar, aunque le cambie el nombre a ‘expropiar’", escribió un usuario en X, mientras otro lo comparó con las tácticas del modelo bolivariano en Venezuela, donde las expropiaciones arbitrarias han sido una constante bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. "Siguiendo el ejemplo bolivariano. La 4T no puede negar sus influencias", señaló otro comentario, haciendo referencia al proyecto de la Cuarta Transformación impulsado por Morena, el partido que hoy domina la política mexicana tras su victoria contundente en las elecciones de 2024.
Desde un punto de vista legal, la maniobra de Armenta parece estar en terreno pantanoso. La legislación mexicana, incluyendo el artículo 33.3 de la Constitución y la Ley de Expropiación, permite al gobierno expropiar terrenos privados por causas de utilidad pública o interés social, pero exige un proceso riguroso: debe haber una declaración de utilidad pública, un avalúo para determinar una compensación justa y la posibilidad de que los afectados se defiendan legalmente, incluyendo la opción de ampararse. Sin embargo, el ultimátum de Armenta no menciona ningún proceso formal en curso, lo que podría convertir su amenaza en una violación de los derechos de propiedad de Grupo Proyecta. Como señaló un usuario en X, "se nota que no conoce los procesos de expropiación y que el afectado se puede amparar", un punto que podría derivar en un largo litigio si el gobierno decide avanzar.
El contexto político agrega otra capa de complejidad. Morena, el partido de Armenta, ha consolidado su hegemonía en México desde 2018, y en las elecciones de 2024 logró un triunfo arrollador con Claudia Sheinbaum como presidenta, la primera mujer en el cargo, quien asumió el 1 de octubre de 2024 con casi dos tercios de los votos. A nivel local, Armenta representa la continuidad de Morena en Puebla, un estado clave donde el partido ha buscado afianzar su base social con políticas populistas. Sin embargo, esta hegemonía ha sido criticada por prácticas que rayan en el autoritarismo, incluyendo el uso del poder estatal para presionar a actores privados, un patrón que muchos ven reflejado en este caso. La retórica de Armenta, que apela a la "justicia" y al supuesto enriquecimiento de Grupo Proyecta, resuena con el discurso de Morena de combatir a las élites, pero también expone las contradicciones de un partido que, mientras promueve la equidad, recurre a métodos que podrían calificarse de coercitivos.
Grupo Proyecta, por su parte, se encuentra en una posición delicada. La empresa, que ha transformado el paisaje urbano de Puebla con desarrollos como Lomas de Angelópolis, no ha emitido una respuesta oficial al cierre de esta nota. Recientemente, circularon rumores de que Grupo México, del magnate Germán Larrea, había adquirido a Proyecta, pero la minera desmintió la transacción. Ahora, la inmobiliaria debe decidir si cede a la presión del gobierno o enfrenta un proceso de expropiación que, aunque podría ser impugnado legalmente, implicaría un desgaste significativo en términos económicos y de imagen.
Este episodio no solo pone en riesgo la relación entre el gobierno de Puebla y el sector privado, sino que también plantea preguntas más amplias sobre el rumbo de Morena y su manejo del poder. Mientras el plazo de 30 días comienza a correr, queda por verse si Armenta cumplirá su amenaza o si este ultimátum es solo una estrategia para forzar una negociación. Lo que es evidente es que, en la Puebla de la 4T, el equilibrio entre el interés público y los derechos privados está más frágil que nunca, y las acciones de Armenta podrían sentar un precedente peligroso en un México donde el poder de Morena parece no tener contrapesos.