CDMX.- Desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna respondió por escrito a un cuestionario de Azteca Noticias (conducido por Manuel López San Martín). Niega haber participado en la red de huachicol fiscal de la que lo acusa la Fiscalía General de la República, se declara “chivo expiatorio” junto con su hermano Fernando (excontralmirante) y señala directamente a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y al senador Adán Augusto López Hernández. Afirma que ambos tenían conocimiento o participación en la trama y que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, no muestra interés en investigarlos ni a los mandos de Aduanas y ASIPONA Tampico del periodo del buque Challenge Procyon.
La FGR respondió de inmediato. Dice que sus manifestaciones son “testigos de oídas”, carecen de solidez para abrir indagatorias formales contra esas personas y deben presentarse ante el juez, no en los medios. Hasta ahora han procesado a 17 personas por la organización que facilitó el ingreso del Challenge Procyon; las pesquisas continúan sobre otros nombres (Rubén Alfonso “N” y Luis Jorge “N”), pero no contra los señalados por Farías.
El contexto no es menor. Los hermanos Farías Laguna —sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán— son presentados por la propia Fiscalía como líderes de la red “Los Primos”. Según la FGR, usaron influencia para gestionar nombramientos y movimientos de personal en aduanas marítimas, ANAM y la propia Marina para facilitar el ingreso de hidrocarburos con documentos falsos (principalmente desde Texas). El caso se destapó con el aseguramiento del Challenge Procyon en marzo de 2025 en Altamira/Tampico (cerca de 8 millones de litros reportados oficialmente; documentos del SAT y MCCI apuntan a más de 20 millones, con la mitad que “desapareció” antes del decomiso). El impacto fiscal de las primeras acciones superó los 340 millones de pesos; estimaciones más amplias del quebranto son de decenas de miles de millones.
Farías insiste en que los hechos ocurrieron cuando ya no estaba en la Semar (salió en agosto de 2023) y que su parentesco con Ojeda los convierte en cortina de humo. La Fiscalía, en cambio, sostiene que gestionaba directamente designaciones y que en una bodega suya encontraron listas de aduanas, expedientes de personal naval, documentos clasificados y armas sin registro.
El contraste es el que genera la crítica dura: un alto mando naval procesado apunta con nombre y apellido a figuras del círculo cercano de la administración anterior (el hijo del expresidente y un senador morenista de peso), y la respuesta institucional es catalogar los dichos como insuficientes sin que se conozca una profundización pública en esas menciones, que según la defensa ya figuran en la carpeta. Mientras tanto, la red operó en puertos controlados por la Marina en el sexenio de López Obrador, con el nepotismo de “Los Primos” como pieza central de la narrativa oficial. La pregunta que queda en el aire no es si Farías es inocente —eso lo decidirá un juez—, sino por qué la misma Fiscalía que lo tiene preso por encabezar una de las mayores tramas de contrabando fiscal parece tan poco interesada en agotar las líneas que apuntan más arriba. Hasta ahora, solo hay chivos y silencio selectivo.