CDMX.- Argentina autorizó este miércoles la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido desde abril en Buenos Aires con pasaporte guatemalteco falso. El sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán enfrenta cargos de delincuencia organizada por encabezar, junto a su hermano Manuel Roberto (preso en el Altiplano), una red de huachicol fiscal que movió cientos de millones de dólares en combustible ilegal a través de las aduanas de Altamira y Tampico. Fuentes oficiales confirman que podría llegar en las próximas horas a bordo de un avión de la Marina, tras meses de gestiones y un proceso de extradición que se aceleró de golpe.
La entrega se cerró durante la Conferencia Internacional Antidrogas de la DEA en Buenos Aires, con intervención directa de autoridades estadounidenses y en presencia del secretario Omar García Harfuch. La condición fue explícita: garantizar su seguridad física, derechos humanos y garantías procesales. Mientras tanto, su esposa Mónica Gámez Grijalva grabó un mensaje urgente dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Harfuch pidiendo precisamente eso: que no lo maten ni lo “suiciden” en el traslado o en prisión. La defensa insiste en que los hermanos Farías son chivos expiatorios; en el expediente aparecen testimonios de testigos colaboradores que mencionan a Andy López Beltrán, hijo del expresidente, como figura que daba “visto bueno” a operaciones, aunque la FGR niega cualquier investigación en su contra y Palacio Nacional lo sigue blindando.
Qué coincidencia tan perfecta: traen al peón que ya soltó (o soltará) lo que sabía, garantizan su integridad solo porque Washington lo exige, y los nombres grandes siguen intocables. El huachicol fiscal no fue un desvío de dos marinos ambiciosos; fue un sistema que operó a la vista de todos mientras la narrativa de “Marina incorruptible” se desmoronaba. Ahora el gobierno presume la captura, pero el verdadero mensaje es otro: en México se castiga a los que cargan el ataúd, nunca a quienes ordenaron el funeral.