Fernández Noroña bajo la lupa: ¿Cruzada por la justicia o maniobra política en la elección judicial mexicana?

Noroña anunció que solicitó información al INE, la FGR y la SSPC para investigar posibles candidaturas no elegibles en el marco de la Elección Judicial

CDMX.- En un movimiento que ha levantado cejas y desatado críticas, el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, anunció que solicitó información al Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para investigar posibles candidaturas no elegibles en el marco de la Elección Judicial, un proceso derivado de la controvertida reforma judicial aprobada en septiembre de 2024. Según el senador, el área jurídica del Senado ya prepara impugnaciones ante las autoridades electorales, un paso que, aunque presentado como un esfuerzo por garantizar la legitimidad del proceso, no está exento de cuestionamientos sobre su trasfondo político.

La declaración de Fernández Noroña, compartida en una conferencia de prensa, llega en un momento de alta tensión en México. La reforma judicial de 2024, impulsada por el partido Morena y aprobada con 86 votos en el Senado —gracias al polémico apoyo del senador opositor Miguel Ángel Yunes Márquez—, introdujo cambios estructurales al sistema judicial mexicano, incluyendo la elección de jueces por voto popular. Este cambio, que el gobierno de Morena defendió como una medida para "democratizar" el Poder Judicial, ha sido duramente criticado por expertos y ciudadanos que temen que politice un sistema que debería ser independiente. Organizaciones como la Asociación de Jueces Federales suspendieron labores en protesta, y desde agosto de 2024, miles de manifestantes han tomado las calles, incluyendo bloqueos en avenidas como Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde el 8 de septiembre de 2024 se registraron más de 3,000 personas manifestándose en contra de la reforma, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El contexto de esta reforma no puede entenderse sin considerar el panorama político más amplio de México. Desde 2018, el país ha sido señalado por un preocupante retroceso democrático. Un estudio de 2023 del Varieties of Democracy Institute (V-Dem) colocó a México entre los países con mayor erosión democrática en los últimos años, destacando un declive significativo en la autonomía judicial. La reforma de 2024, que también incluye medidas como la creación de un panel disciplinario judicial electo por votación y la reducción de plazos judiciales, ha sido vista por críticos como un intento del partido en el poder de consolidar su influencia sobre el Poder Judicial, un bastión que históricamente ha servido de contrapeso al Ejecutivo.

Fernández Noroña, conocido por su estilo combativo y su lealtad al proyecto de Morena, parece estar posicionándose como un guardián de la legitimidad del proceso judicial. Sin embargo, su anuncio genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué el Senado, que tuvo un papel clave en la aprobación de la reforma, no previó estos problemas de elegibilidad antes de que el proceso avanzara? Usuarios en X, como @lmveneno, reflejaron esta duda al preguntarse: "¿Pues no revisaron ellos a los candidatos?". Otros, como @laslito52, fueron más allá, cuestionando la base legal de estas impugnaciones: "¿Y en qué parte de la Constitución o ley dice que podrán hacer eso de impugnar? Todo se cae a cachitos en ese gran bodrio que hicieron al vapor".

El trasfondo político de Fernández Noroña también invita a la reflexión. El senador, un aliado cercano del proyecto de la Cuarta Transformación, ha sido criticado por priorizar agendas partidistas sobre el interés nacional. Su anuncio, aunque podría interpretarse como un esfuerzo por garantizar la transparencia, ocurre en un contexto donde Morena ha sido acusada de usar instituciones para consolidar su poder. La aprobación de la reforma judicial, que requería una supermayoría de dos tercios en el Senado, solo fue posible gracias al voto de Yunes Márquez, un senador de oposición cuya familia, conocida como "el Clan Yunes" en Veracruz, ha sido señalada por presuntas prácticas corruptas durante décadas. Este apoyo inesperado desató especulaciones sobre posibles negociaciones políticas detrás de escena, alimentando la percepción de que la reforma responde más a intereses partidistas que a una genuina búsqueda de justicia.

Las reacciones en redes sociales también reflejan el escepticismo de la ciudadanía. Mientras algunos usuarios, como @DrGuillermoHDD, abogan por un sistema judicial que cumpla con estándares internacionales, otros, como @cxr37, acusan a Fernández Noroña de mentir descaradamente, acompañando su comentario con un meme que dice "Mieeeeeentes tan bieeeeen". La caricatura compartida por @Thomastlahuac, con un Fernández Noroña diciendo "Nomás no se metan con los machuchones", resume el sentir de muchos: que esta "cruzada" por la transparencia podría ser una fachada para proteger los intereses de los poderosos dentro de Morena.

En este escenario, el proceso de la Elección Judicial se encuentra en un limbo. El INE, encargado de organizar las elecciones judiciales de 2025, enfrenta un desafío monumental: garantizar un proceso limpio en medio de un ambiente polarizado y con un sistema que, según críticos, no estaba preparado para una transición tan abrupta. Las impugnaciones anunciadas por Fernández Noroña podrían ser un paso hacia la transparencia, pero también corren el riesgo de ser percibidas como una herramienta para descalificar a candidatos incómodos para el oficialismo.

El futuro del Poder Judicial en México está en juego, y con él, uno de los pilares fundamentales de la democracia. Mientras Fernández Noroña y el Senado avanzan con sus impugnaciones, la ciudadanía observa con una mezcla de esperanza y desconfianza. La pregunta sigue en el aire: ¿es esta una verdadera defensa de la justicia, o simplemente otro capítulo en la lucha por el control político en un país donde las instituciones parecen debilitarse cada día más?