CDMX.- Seis días después de hallar al diputado federal de Morena Zenyazen Roberto Escobar García con un disparo en la cabeza, dentro de su Mercedes-Benz cerrado en el acotamiento de la carretera 140, en La Gloria, Puente Nacional, la FGR de Ernestina Godoy anunció que “las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan” a un suicidio. El legislador de 42 años —exsecretario de Educación de Veracruz y diputado por el distrito 16 de Córdoba— apareció el 4 de septiembre con el arma entre las piernas y sin daños exteriores en el vehículo; el gobierno estatal, ese mismo día, ya había dicho que “no fue un atentado”.
El comunicado presume más de 150 actos de investigación, peritajes de balística, toxicología, genética y entrevistas a cercanos, pero no publica la necropsia ni los dictámenes que sostienen esa conclusión. Claudia Sheinbaum se limitó a decir en la mañana que la Fiscalía “ya tiene algunos resultados” y que ella no los daría. En San Lázaro, Ricardo Monreal descartó una comisión investigadora y pidió “no lucrar” con la muerte. Resultado: el poder cierra el relato político antes de abrir el expediente forense.
Llamar “posible suicidio” a un disparo en un auto de lujo, en una carretera de Veracruz, y al mismo tiempo advertir que “no se descartan otros móviles” no es transparencia: es un colchón retórico. Si hay 150 diligencias, que salgan a la luz. Mientras la Fiscalía pide que se le crea por decreto y el caso sigue “abierto” solo en el papel, lo que queda es la receta de siempre: un funcionario muerto, una hipótesis cómoda y un país al que se le exige fe en instituciones que no muestran las pruebas.
