Fuerzan a ciudadano a disculparse públicamente con Noroña; un precedente peligroso para la libertad de expresión

Según la versión de Fernández Noroña, el 20 de septiembre, Velázquez de León lo increpó en el salón American Express del aeropuerto, agrediéndolo verbal y físicamente.

CDMX.— En un hecho sin precedentes en la historia reciente de México, el abogado Carlos Velázquez de León fue obligado a ofrecer disculpas públicas al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en un acto transmitido por los canales oficiales del Senado este lunes. El evento, que tuvo lugar tras un altercado ocurrido el 20 de septiembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, plantea serias preguntas sobre los límites de la libertad de expresión, el uso del poder político y el papel de las instituciones en la resolución de conflictos personales.

El incidente: ¿Agresión o confrontación?

Según la versión de Fernández Noroña, el 20 de septiembre, Velázquez de León lo increpó en el salón American Express del aeropuerto, agrediéndolo verbal y físicamente, e incluso intentando arrebatarle su teléfono móvil. El senador, conocido por su estilo confrontacional y su presencia mediática, presentó una denuncia formal contra el abogado. Sin embargo, los detalles del altercado permanecen opacos. No se han hecho públicas pruebas contundentes, como videos o testimonios independientes, que corroboren la narrativa del legislador. Esto levanta interrogantes sobre la proporcionalidad de la respuesta institucional ante lo que, en principio, parece un conflicto interpersonal.

Velázquez, en su disculpa, reconoció que sus palabras y acciones fueron “inaceptables” y se apartaron de sus principios y valores. No obstante, el tono de su declaración, leída ante Fernández Noroña en un escenario orquestado por el Senado, sugiere más una capitulación bajo presión que una reflexión genuina. La transmisión del acto por los medios oficiales del Senado refuerza la percepción de que el evento fue diseñado para proyectar poder y enviar un mensaje a la ciudadanía: cuestionar a una figura política de alto rango puede tener consecuencias públicas y humillantes.

Un precedente alarmante

Obligar a un ciudadano a disculparse públicamente ante un político no tiene paralelo reciente en México y evoca prácticas más asociadas con regímenes autoritarios que con democracias modernas. La libertad de expresión, consagrada en el Artículo 6 de la Constitución, incluye el derecho a cuestionar a las autoridades, incluso de manera vehemente, siempre que no se incurra en delitos claros como la difamación o la violencia física. Si bien Fernández Noroña alega una agresión, la respuesta institucional —forzar una disculpa pública en lugar de resolver el caso en los tribunales— parece desproporcionada y politizada.

El caso también pone en entredicho el uso de los recursos del Senado. La transmisión de la disculpa por los canales oficiales no solo dio un carácter estatal al conflicto, sino que consumió tiempo y recursos públicos para lo que, en esencia, es una disputa personal. Esto contrasta con la urgencia de atender temas legislativos críticos, como la reforma judicial o el presupuesto 2025, que afectan a millones de mexicanos.

El contexto político: Poder y polarización

Gerardo Fernández Noroña, una figura prominente de Morena, ha construido su carrera sobre un discurso combativo que a menudo polariza. Su papel como presidente del Senado le otorga una plataforma significativa, pero también lo expone al escrutinio público. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es alta —según el INEGI, solo el 30% de los mexicanos confía en el Congreso—, episodios como este alimentan la percepción de que los políticos usan su poder para silenciar críticas.

Por su parte, Velázquez de León, un abogado con trayectoria en el diálogo con autoridades de distintos niveles, queda en una posición vulnerable. Su compromiso público de no repetir el comportamiento “hacia ningún representante del Estado mexicano” podría interpretarse como una renuncia implícita a ejercer plenamente su derecho a disentir. Este precedente podría disuadir a otros ciudadanos de confrontar a figuras públicas, por temor a represalias similares.

Hacia dónde vamos

El caso Velázquez-Noroña no es solo una anécdota; es un síntoma de los desafíos que enfrenta la democracia mexicana. La resolución de conflictos entre ciudadanos y políticos debe basarse en la imparcialidad de las instituciones judiciales, no en espectáculos mediáticos que refuerzan la jerarquía de poder. La justicia no puede ser un escenario donde los poderosos imponen humillaciones públicas, mientras los ciudadanos quedan expuestos a la arbitrariedad.

Es imperativo que el Poder Judicial, y no el Senado, determine si hubo un delito en el altercado del 20 de septiembre. También es crucial que la sociedad civil y los medios exijan transparencia sobre los hechos y cuestionen el uso de las disculpas públicas como herramienta de control. México no puede permitirse normalizar prácticas que erosionen la libertad de expresión y el derecho a disentir.

En un país que aspira a consolidar su democracia, este episodio debe servir como advertencia: el poder, cuando se ejerce sin mesura, no solo daña a los individuos, sino a las instituciones que sostiene. La pregunta ahora es si este caso será una excepción o el inicio de una tendencia preocupante.