CDMX.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de su Secretaría de Gobernación rompió el silencio sobre el caso más incómodo para el gobierno federal y lo hizo para deslindarse. En un comunicado escueto, informó que la decisión de Rubén Rocha Moya de reincorporarse como gobernador de Sinaloa “responde exclusivamente a una determinación de carácter personal”.
Traducción política: no fue una decisión del gobierno federal, no fue avalada por Palacio Nacional, no es un regreso pactado con la presidenta Claudia Sheinbaum. Es cosa de él.
Es un intento de contención de daños. Porque lo que sigue en el comunicado deja al descubierto la contradicción en la que está atrapado el Estado mexicano.
SEGOB confirma que la Fiscalía General de la República mantuvo abiertas las carpetas de investigación contra las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de EE.UU. - entre ellas Rocha Moya - “hasta concluir que no existían pruebas suficientes de un delito penal”.
Es decir, para México no hay delito. Carpeta cerrada.
Pero al mismo tiempo, Gobernación reconoce que la Secretaría de Relaciones Exteriores “ha solicitado de manera reiterada a las autoridades estadounidenses que aporten las pruebas correspondientes que sustenten los señalamientos realizados”.
Si no hay pruebas suficientes y la carpeta ya se cerró, ¿para qué sigue pidiendo pruebas la SRE? Si se sigue pidiendo pruebas es porque el caso no está cerrado en el ámbito internacional.
SEGOB cierra su comunicado con la fórmula clásica para no mojarse: “Corresponde a la FGR proporcionar la información adicional que considere pertinente” y refrenda “su respeto a las facultades de las instituciones competentes y al debido proceso”.
En sentido crítico, lo que hizo Gobernación fue patear el balón a tres bandas:
A Rocha Moya: “Él quiso volver, es su problema”.
A la FGR: “Ella dice que no hay pruebas, pregúntenle a ella”.
A EE.UU.: “Si tienen pruebas, que las manden, porque hasta ahora no las han mandado”.
Nadie asume la responsabilidad política de tener a un gobernador acusado formalmente en Nueva York por narcotráfico, conspiración para traficar fentanilo y posesión de ametralladoras, despachando de nuevo desde el Palacio de Gobierno de Culiacán, a cargo de la seguridad del estado donde opera el cártel que presuntamente lo sobornaba.
El mensaje de fondo es que el gobierno federal no tiene cómo impedir legalmente que vuelva - tiene fuero, pidió licencia temporal que terminó y la FGR no lo vinculó - pero tampoco quiere cargar con el costo político internacional de respaldarlo abiertamente.
Por eso la palabra clave del comunicado no es “inocente”, es “personal”.