Gobierno de México rechaza los señalamientos de la ONU sobre fenómeno "generalizado o sistemático" de desapariciones forzadas
Rechaza las declaraciones del Comité Contra la Desaparición Forzada y se dice comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia.
CDMX.- El Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, salió al paso este sábado para responder a las duras declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que en un informe reciente señaló que las desapariciones forzadas en el país no son casos aislados, sino un fenómeno que podría calificarse de “generalizado o sistemático”. La respuesta oficial, emitida a través de un comunicado, no se hizo esperar: el Estado mexicano rechazó tajantemente cualquier insinuación de que estas prácticas formen parte de una política deliberada. “El Gobierno no consiente, permite u ordena la desaparición de personas”, sentencia el texto, en un tono que busca cerrar filas ante las críticas internacionales.
“El Gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado. El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.
El pronunciamiento llega en un momento crítico. México, como firmante de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, está bajo la lupa del CED, que ha activado el artículo 34 del tratado para solicitar información detallada sobre la situación. El gobierno asegura que analizará esta petición y reitera su compromiso de colaboración, destacando que seguirá proporcionando datos “fidedignos” mediante informes periódicos y respuestas a comunicaciones urgentes. Sin embargo, detrás de esta postura diplomática, las palabras suenan más a una defensa reactiva que a una reflexión autocrítica frente a una crisis que lleva años sin resolverse.
Y es que los números no mienten. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al cierre de 2024, más de 110,000 personas permanecen en calidad de desaparecidas, un dato que contrasta con el optimismo oficial. Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han denunciado reiteradamente la falta de avances sustanciales en las investigaciones, así como la impunidad que envuelve a muchos casos donde se presume la participación de agentes estatales. El CED, por su parte, no ha especificado aún los elementos que sustentan su señalamiento, pero la sola mención de un carácter “sistemático” pone en entredicho la narrativa del gobierno, que insiste en presentarse como un actor comprometido con los derechos humanos.
El comunicado también promete “acciones contundentes” para combatir este “flagelo”, aunque no detalla cuáles serán ni cómo se diferenciarán de las estrategias fallidas de administraciones pasadas. Este vacío retórico no es nuevo: desde el sexenio de Felipe Calderón, los discursos sobre la lucha contra la violencia y las desapariciones han sido recurrentes, pero los resultados escasos. Sheinbaum, quien asumió el poder con la promesa de romper con el pasado, enfrenta ahora el desafío de traducir sus palabras en hechos, especialmente cuando el CED podría escalar el caso a la Asamblea General de la ONU si considera que la respuesta mexicana no es suficiente.
“En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”
La próxima jugada está en manos del Comité, que en las siguientes semanas formalizará su solicitud de información. Lo que venga después dependerá de la capacidad del gobierno para demostrar que su rechazo a las acusaciones no es solo una postura de orgullo nacional, sino un reflejo de avances reales. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos siguen esperando respuestas, atrapadas entre la burocracia oficial y un sistema que, hasta ahora, no ha sabido —o no ha querido— darles justicia. México, una vez más, está en la cuerda floja ante los ojos del mundo.