Gobierno de Quintana Roo lanza ofensiva jurídica contra concesionaria Aguakan
La noticia ha sacudido el mundo empresarial, ya que Aguakan, una empresa pública valorada en 17 mil millones de pesos y cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), está en la mira.
CDMX.- El gobierno de Quintana Roo, liderado por Mara Lezama, ha lanzado una ofensiva jurídica contra los directivos y socios de la empresa Aguakan. Las órdenes de aprehensión parecen ser un esfuerzo por despojar a Aguakan de una valiosa concesión de agua potable y alcantarillado, y obligar a la empresa a vender sus activos a un precio significativamente inferior a su valor real. La meta parece ser transferir el control a la compañía española Acciona.
Representantes de Aguakan revelaron que en diciembre pasado, el abogado Cuitláhuac Bardán, alegando representar a Lezama, les ofreció 4 mil 500 millones de pesos para adquirir la concesión y toda la infraestructura, en un intento por evitar complicaciones federales. Dichas complicaciones se refieren a una denuncia que el gobierno estatal había interpuesto en la FGR, resultando en órdenes de aprehensión contra dos representantes legales de Aguakan.
La noticia ha sacudido el mundo empresarial, ya que Aguakan, una empresa pública valorada en 17 mil millones de pesos y cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), está en la mira. El conflicto gira en torno a la concesión de 30 años, la cual Aguakan ha gestionado de manera supuestamente ilícita, según las acusaciones del gobierno estatal. Las autoridades aseguran que la ampliación anticipada de la concesión en 2014 se realizó sin las facultades adecuadas, acusando también de lavado de dinero a los accionistas.
Aguakan presta servicio a los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, y supuestamente se pretende que el negocio pase a la empresa española Acciona, que en este momento da servicios de agua potable y alcantarillado en Boca del Río, Veracruz.
En respuesta, Aguakan ha defendido su postura, destacando que todas las acciones relacionadas con la concesión cumplieron con los requisitos legales y fueron aprobadas por diversas entidades gubernamentales. La empresa confía en que el Estado de derecho prevalecerá y busca abrir canales de diálogo con la gobernadora para resolver el conflicto de manera beneficiosa para todas las partes involucradas.
El 18 de febrero de este año, Aguakan avisó a la BMV la denuncia penal en contra de sus directivos:
“DHC confía que el Estado de derecho prevalecerá y que los jueces conocerán y resolverán que no hay delito alguno que perseguir. DHC considera que la Gobernadora del estado de Quintana Roo, licenciada María Elena Lezama Espinosa, ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal y manifiesta y reitera su total apertura para dialogar con la mandataria estatal y su Gobierno para encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de la población y de los inversionistas de DHC”, se lee en el documento, que ha trascendido en medios digitales.
El Gobierno estatal presentó una denuncia acusando a los directivos de Aguakan de supuestamente promover conductas ilícitas en 2014. Estos habrían solicitado a Paula Guadalupe González Cetina, entonces directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y a Juan Pablo Guillermo Molina, entonces Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno estatal, la extensión anticipada de la concesión por otros 30 años, sin tener facultades para resolver tal solicitud. La Administración de Lezama afirmó que debido a esta conducta ilícita, los derechos y recursos adquiridos tenían ese carácter, lo que llevó también a acusar a los accionistas de lavado de dinero.
Aguakan pagó 1,055 millones de pesos a la Comisión de Agua por la ampliación de la concesión, y los fondos fueron inmediatamente transferidos a la Secretaría de Finanzas.
Un ejecutivo de Aguakan afirma que no se les dio dinero a los funcionarios, pero que se les acusa de haber promovido supuestamente un acto ilícito, ya que los entonces servidores públicos no habrían tenido facultades para otorgar una ampliación, y en ese sentido el origen de la ampliación de la concesión sería ilícito y por eso “sería lavado de dinero”.
La empresa afirmó que la ampliación de la concesión cumplió con todos los requisitos legales establecidos en la ley: fue aprobada por el Consejo Directivo de la Comisión de Aguas, que incluía al Gobernador del estado y a los presidentes municipales; avalada por cada uno de los cabildos, aprobada por el Congreso del estado y publicada en el Periódico Oficial.
“DHC y su equipo de asesores legales consideran que los hechos materia de la investigación por los que se formulará la imputación no son constitutivos de delito, pues el Contrato de fecha 5 de diciembre de 2014 arriba descrito es consecuencia de los Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la CAPA en su Sesión Extraordinaria del 12 de noviembre de 2014. Por los que se realizó la Segunda Modificación al Título de Concesión de DHC ocurrida en diciembre del 2014, la cual se llevó a cabo y formalizó en estricto apego y cumplimiento a las leyes aplicables, de forma institucional y transparente”, sostuvo la empresa en su reporte para la BMV.
El choque entre el gobierno de Quintana Roo y Aguakan podría redefinir el manejo del agua en la región.