Gobierno de Sheinbaum incrementa 33% el impuesto a envíos por paquetería a partir del 15 de agosto
La medida aplica a mercancías importadas de hasta 2,500 dólares, afectando principalmente compras de países sin tratados de libre comercio como China
CDMX.- El gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de encender las alarmas entre quienes dependen de las compras por paquetería. A partir del 15 de agosto, el impuesto a las mercancías importadas por empresas de mensajería, cuyo valor no supere los 2,500 dólares, pasará de un 19% a un 33.5%, según lo anunciado en la Resolución Miscelánea Fiscal 2025. Esto significa que un pedido de 500 dólares desde China, que hoy paga 95 dólares de impuesto, escalará a 167.50 dólares. Un aumento que, de entrada, parece diseñado para proteger a la industria textil y de calzado nacional, pero que levanta serias dudas sobre sus verdaderas intenciones y efectos.
El contexto no ayuda. Desde enero, el gobierno justificó un arancel inicial del 19% como escudo contra la avalancha de productos baratos, especialmente de China, donde plataformas como Shein y Temu dominan. Ahora, con este nuevo incremento, el mensaje es claro: se busca desincentivar las importaciones de países sin tratados de libre comercio, mientras que envíos desde EE.UU. y Canadá, amparados por el T-MEC, enfrentarán un 19% solo si superan los 117 dólares (los menores a 50 dólares quedan exentos). Sin embargo, la medida llega en un momento de crecimiento económico estancado —con un PIB que apenas avanza, según datos de Mexico Business News— y cuando las arcas públicas podrían estar buscando ingresos frescos para proyectos como el Tren Maya o la AIFA.
¿Es esto una estrategia de austeridad republicana, como pregona Sheinbaum, o un golpe más a la clase media que recurre al e-commerce por falta de opciones locales? La retórica de proteger el mercado nacional choca con la realidad, el consumidor promedio, no las mafias o el comercio informal, será quien absorba el costo. Mientras el gobierno promete eficiencia en el uso de recursos públicos, la falta de claridad sobre cómo se redistribuirán estos fondos —y si realmente llegarán a las industrias afectadas— deja un sabor amargo. La pregunta clave queda en el aire: ¿se está protegiendo la economía o simplemente vaciando los bolsillos de los ciudadanos?