Zacatecas.- En pleno quinto informe de David Monreal, cuando el gobernador presumía una caída del 96% en homicidios y “niveles de paz” que Zacatecas no veía en 35 años, aparecieron documentos con membrete policial titulados “Activistas y periodistas” y “Posibles conflictos sociales y políticos”. No son rumores de red: el periodista Ignacio Gómez Villaseñor publicó fichas donde la Secretaría de Seguridad Pública no solo anota nombres. Anota domicilios, placas, fotos de casas, teléfonos y hasta diagnósticos —“cuadro depresivo, bipolar”, “ataques paranoicos”— junto a una columna de “acuerdos”: croquetas para perros, empleo para una hija, dinero para un movimiento. Verónica Trujillo, voz crítica del estado, confirmó que ella encabeza esa lista, tachada de “financiada por el PRI-PAN”, con su casa y su vehículo a la vista. En un estado de coches bomba, masacres y desapariciones, eso no es inteligencia. Es un mapa para quien quiera silenciar.
La comparación con la lista de periodistas que exhibió Luisa María Alcalde en agosto se queda corta. Allá hubo nombres y la etiqueta de “ecosistema digital”. Aquí hay datos clínicos, ubicación exacta y la bitácora de cómo se compró o se intentó comprar el silencio. Testimonios del propio informe dicen que esas hojas sirvieron para impedir el acceso de críticos al Palacio de Convenciones. Ni Monreal ni la SSP de Arturo Medina Mayoral han dado una explicación pública. Trujillo ya había denunciado en enero amenazas y espectaculares vandalizados; Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras dieron seguimiento. Denunciar en la fiscalía local, dijo ella misma, “es perder el tiempo”.
El cinismo es el dato más duro. Mientras el gobierno vende pacificación y continuidad de la 4T rumbo a 2027, usa la policía no para proteger a quienes documentan la violencia, sino para catalogarlos como amenazar política. Fichar padecimientos mentales, ofrecer un puesto a cambio de callar y filtrar domicilios en un territorio disputado por cárteles no es “prevención de conflictos”. Es abuso de poder con riesgo de sangre. Si esos expedientes circulan dentro del aparato de seguridad, cada periodista y cada madre buscadora de esa lista ya no enfrenta solo al crimen: enfrenta al Estado que los tiene fichados.
