Gobierno y refresqueras acuerdan nuevo impuesto a bebidas "light" y reducción de azúcar
Se implementará un gravamen de 1.5 pesos por litro y una baja del 30% en calorías de productos como Coca-Cola, según anuncio oficial
CDMX.- Este jueves 16 de octubre, en una movida que mezcla pragmatismo político con una dosis de cinismo, el gobierno federal y las grandes refresqueras llegaron a un acuerdo que nadie esperaba: las bebidas “light”, “zero” o “sin azúcar” ahora pagarán un impuesto de 1.5 pesos por litro, un tercio de lo que se cobra por sus contrapartes azucaradas. La noticia, anunciada por el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, en una conferencia de prensa, pretende ser parte de una estrategia para combatir la crisis de salud cardiometabólica, pero levanta más preguntas que respuestas.
El contexto es clave. México, con uno de los índices más altos de obesidad y diabetes en el mundo, ha apostado por el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) como una herramienta para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, este nuevo impuesto a los endulzantes no calóricos parece más un gesto de conciliación con la industria que una medida de salud pública. Las refresqueras, a cambio, se comprometen a reducir en 30% el contenido de azúcar de sus productos, un movimiento que, aunque positivo, llega con años de retraso y bajo presión fiscal.
El acuerdo, que será formalizado en el Pleno de la Cámara de Diputados, no solo contradice la narrativa original de que el IEPS era exclusivamente para combatir el azúcar, sino que también pone en jaque la coherencia de la política pública. Si el objetivo era la salud, ¿por qué gravar productos que, en teoría, son menos dañinos? La respuesta parece estar en los números: el gobierno necesita recursos, y las refresqueras, tras años de resistirse, encontraron una salida que les permite mantener su mercado sin perder demasiado terreno.
Complementariamente, esta decisión se alinea con datos que refuerzan su complejidad. Un estudio de 2014 reveló que el impuesto inicial de 1 peso por litro redujo las compras de bebidas azucaradas en un 7.6% [PMC], mientras que a nivel global, países como Reino Unido y Francia han presionado a empresas como Coca-Cola para recortar el azúcar, con compromisos similares en Europa para 2025. Sin embargo, el acuerdo ignora un problema ambiental crítico: la industria de refrescos en México genera anualmente unas 24,000 toneladas de desechos plásticos, según un informe de Greenpeace de 2023, dejando en el tintero una crisis ecológica que urge atención.
Criticar no es suficiente sin analizar. Este impuesto, aunque menor, afectará desproporcionadamente a los sectores más vulnerables, quienes a menudo recurren a las versiones “light” como una alternativa más económica. Además, la promesa de reformulación de productos suena bien en el papel, pero la historia nos enseña que las grandes corporaciones suelen cumplir a medias cuando no hay sanciones reales. ¿Realmente creemos que Coca-Cola y sus pares reducirán el azúcar en un 30% sin que eso implique un aumento en otros aditivos igualmente problemáticos?
En resumen, este acuerdo es un ejemplo perfecto de cómo la política de salud puede ser secuestrada por intereses económicos. Mientras el gobierno celebra un “triunfo” en la lucha contra la obesidad, los consumidores pagarán la cuenta, literal y figurativamente. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién gana realmente en este juego de impuestos y promesas? Porque, al final del día, no son los refrescos los que están en la mesa de negociación, sino los bolsillos de los mexicanos.