CDMX.- En plena fiesta patria, a las puertas del Zócalo, Ernestina Godoy despachó en dos frases lo que medios y Hacienda llevan semanas documentando. Le preguntaron si hay orden de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán Aparicio, el empresario tabasqueño amigo de Andy y Bobby López Beltrán. Respondió: “No, no hay nada”. Le preguntaron por Andy. “Tampoco”. Del almirante Rafael Ojeda Durán, ni una palabra. Así, entre honores militares, la Fiscalía General de la República cerró el expediente en voz alta… o fingió que nunca existió.
El problema no es el video de Natalia Vitela para Reforma. El problema es la contradicción cruda. El 14 de septiembre, La Silla Rota publicó, con fuentes judiciales, que un juez del Altiplano habría librado orden contra Olán por delincuencia organizada, ligada a la denuncia del SAT contra Portacelis Gas and Oil por un presunto perjuicio de más de 834 millones de pesos en huachicol fiscal. Hacienda ya pidió a la FGR ejercer acción penal. Sheinbaum misma dijo el 2 de septiembre que hay información sobre Olán y que “todo se investiga”. Dos semanas después, la fiscal baja la cortina. La autoridad no desmiente ni confirma: que Amílcar ya no está en México y lleva meses entre Asia y Europa. Si es cierto, la negación de Godoy no solo suena cómoda: suena tardía.
Esto no es un malentendido de timing. Es el patrón. Contratos que florecieron con la 4T, un amigo de los hijos del expresidente en el centro del mapa, una denuncia fiscal de cientos de millones… y la fiscalía que debería perseguir el expediente sale al desfile a decir que no hay investigación ni orden. Si Hacienda ya sentó el perjuicio y un medio especializó el dato judicial, el “no hay nada” no cierra el caso: lo exhibe. En un país donde la fiscalía persigue con saña a unos y con tacto a otros, la independencia no se demuestra en el templete del 16 de septiembre. Se demuestra cuando el apellido deja de ser escudo.