CDMX.- Ocho días después de admitir que Interpol retiró la ficha roja de Inés Gómez Mont y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, Claudia Sheinbaum volvió a la mañanera a decir lo mismo: la alerta no se ha reactivado y el organismo aún no explica por qué la canceló. El gobierno, aseguró, ya pidió restablecerla y encargó a Hacienda y al gabinete que exhiban las irregularidades detrás de las órdenes de aprehensión. El anuncio suena a gestión; en los hechos es una espera. La ficha roja no es una orden internacional de captura: es una solicitud de cooperación. Quitarla no borra las órdenes mexicanas, pero sí deja a la pareja fuera del mecanismo que pedía su localización en más de 190 países.
El expediente no es nuevo. La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión contra ambos en 2021 por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, ligados a un esquema de empresas factureras. Medios y el propio gobierno han situado el monto investigado en alrededor de 3 mil millones de pesos. Sheinbaum los llamó “factureros reconocidos” y “delincuentes” el 30 de septiembre, cuando reveló el retiro de la alerta. El problema es de resultado, no de adjetivo: llevan cinco años prófugos, la notificación internacional cayó sin que Palacio Nacional tuviera de inmediato la razón, y una semana después la presidenta sigue sin esa explicación y sin la ficha de vuelta.
Prometer que “lo van a hacer” no sustituye la captura ni aclara por qué Interpol retiró una alerta que México había pedido. Mientras tanto, las órdenes nacionales siguen vigentes y la pareja no ha sido detenida. Si el caso tiene “todas las pruebas habidas y por haber”, como dijo Sheinbaum, la pregunta es otra: ¿por qué Interpol retiró la ficha roja y por qué, ocho días después, el gobierno sigue sin saber la razón?