¿Guía o fraude?: Hugo Aguilar Ortiz impugnará sanción del Tribunal Electoral por uso de acordeones en elecciones judiciales
El ministro presidente electo de la SCJN defiende los folletos como guía para votantes y anuncia acciones legales
CDMX.- El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ha encendido la polémica al anunciar que impugnará la sanción del Tribunal Electoral contra los candidatos ganadores que aparecieron en los controvertidos "acordeones" usados en las recientes elecciones judiciales. En un discurso marcado por la defensa de su causa, Aguilar afirmó que estos folletos, que guiaban a votantes —especialmente en comunidades indígenas—, eran "necesarios" para facilitar un proceso complejo. Sin embargo, su postura levanta serias dudas sobre la transparencia del inédito sistema de elección popular de jueces en México.
El contexto no ayuda. Desde la controvertida reforma constitucional impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que introdujo la votación directa para magistrados y jueces, el país ha visto cómo la independencia judicial se tambalea. Los "acordeones" —folletos con nombres y números de candidatos— fueron distribuidos masivamente, y su uso ha sido cuestionado como una herramienta que pudo influir ilegalmente en los resultados. El Tribunal Electoral, al sancionar a los beneficiados, intentó poner un freno, pero la respuesta de Aguilar sugiere una resistencia calculada.
Aguilar, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre tras un acto protocolario en el Senado, promete un modelo de "cercanía" con los mexicanos, pero su defensa de los acordeones choca con las críticas de quienes ven en ello un riesgo de captura política. La coincidencia de su toma de protesta con el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y la instalación del Congreso añade un tinte político inescapable. ¿Es esta impugnación un acto de justicia o una maniobra para consolidar poder? Mientras el país observa, la SCJN enfrenta su primera gran prueba de imparcialidad en un sistema judicial que ya está bajo lupa.