CDMX.- La Secretaría de Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora, anunció su sexta operación de refinanciamiento del año en el mercado local: intercambió Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2043 por instrumentos similares que vencen de 2027 a 2047, por un total de 238 mil 153 millones de pesos. El movimiento extendió en 2.9 años el plazo promedio de esa porción de deuda y alivió presión inmediata —sobre todo los 123 mil 910 mdp que vencían en 2027—, pero no redujo un solo peso del monto adeudado. Es manejo de pasivos dentro del techo aprobado por el Congreso, no consolidación fiscal.
Mientras Hacienda celebra la “optimización del perfil” y la “confianza de inversionistas”, la realidad es que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público ya ronda los 19 billones de pesos y las proyecciones oficiales apuntan a seguir creciendo. Refinanciar una y otra vez —esta es la sexta en 2026— solo traslada el costo a las próximas generaciones y mantiene intacta la dependencia del endeudamiento para cubrir déficits. Como señalaron críticas en redes, refinanciar no es reducir la deuda; es posponer el problema mientras el costo financiero sigue comiéndose una porción creciente de la recaudación.
En lugar de enfrentar el desbalance estructural, el gobierno opta por alargar plazos hasta 2047. Eso reduce la urgencia de corto plazo, pero deja intacta la trayectoria alcista de la deuda y su carga de intereses. La operación es técnicamente correcta y esperada; lo que no es sostenible es convertirla en rutina mientras se evade el ajuste real.
