“¡Harfuch me mandó amenazar!”: Abogado del Chapo desata bomba y promete entregar a EE.UU. lista de 32 narco-funcionarios
Abogado de El Chapo anuncia que entregará a EE.UU. lista de 32 funcionarios presuntamente ligados al narco
CDMX.- Gerardo Rincón Flores, abogado mexicano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, declaró en entrevista reciente con Max Espejel en La Saga que enviará en las próximas semanas a autoridades de Estados Unidos un paquete con información y una lista ampliada de 32 funcionarios públicos —algunos en activo, de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador— presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. Afirmó que se quedó corto con una lista anterior de diez y responsabilizó directamente a la FGR, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch y “a este grupo de gobierno” si le ocurre algo, tras denunciar un mensaje amenazante recibido desde un número de la CDMX tras enviarle un audio al propio Harfuch. Medios como Infobae y La Opinión confirmaron las declaraciones; hasta ahora no se han hecho públicos nombres ni documentos.
Esta acusación, lanzada por quien defiende al capo más emblemático del narco mexicano y después de que Guzmán perdiera su demanda contra las condiciones de aislamiento en una prisión de máxima seguridad de EE.UU., expone sin anestesia la farsa del combate oficial al crimen organizado. Que un secretario de Seguridad sea señalado por supuestamente intentar silenciar al abogado de El Chapo con advertencias de “perjuicio” mientras presume estar al frente de la guerra contra el narco, no es un detalle menor: es la confirmación de que el aparato institucional sigue infiltrado o capturado. La estrategia de “abrazos, no balazos” actualizada bajo Sheinbaum y Harfuch no solo no ha desarticulado las redes de protección, sino que permite que un defensor del crimen organizado lance este tipo de bombas sin que caiga ni una sola cabeza visible del lado oficial.
Si la lista es real aunque sea en parte, el Estado mexicano está podrido hasta la médula y la impunidad de los de arriba es estructural. Si es puro bluff sin pruebas entregadas, entonces el gobierno tiene la obligación inmediata de desmentirlo con hechos y no con silencio o amenazas veladas. De cualquier forma, lo que queda claro es que seguir fingiendo que se combate al narco mientras se protege o se tolera a sus socios de traje y corbata ya no es política de seguridad: es complicidad activa.