CDMX.- Hilda Lara Guadián acusa a su medio hermano, Ulises Lara —exvocero y encargado de la FGJCDMX, luego fiscal especial de Asuntos Relevantes en la FGR— de usar el aparato de la procuración de justicia para fabricarle un despojo y quedarse con la casa paterna en Acueducto de Guadalupe. Lo documentó Proceso: en 2013 ella y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, compraron el inmueble ante notario por 2.1 millones de pesos, parte con crédito Infonavit; los padres firmaron y el dinero se depositó. Ocho años después, en 2021, el padre, Carlos León Lara Corona, demandó civilmente y denunció fraude y falsificación. Cuando eso no avanzó, llegó el despojo agravado. La madre, Ady Guadián, sí reconoció la venta ante la policía; un perito grafoscópico concluyó que la firma del padre en la escritura era suya. Aun así, la pareja fue vinculada a proceso.
Lo más grave no es la pelea familiar: es cómo se movió la máquina. Mientras Ulises era coordinador de asesores de Ernestina Godoy, la carpeta caminó. El esposo, congolés, fue procesado sin asistencia consular. El Órgano Interno de Control archivó en julio de 2024 la queja por conflicto de interés —cuando Lara ya era titular de la Fiscalía capitalina— por “falta de elementos”. Jueces federales concedieron amparos: el delito, de 2013, estaba prescrito. Los jueces de control tuvieron que revocar las vinculaciones. Y ahí aparece el truco que no se cae: Grace Montserrat Díaz Gutiérrez, asesora jurídica de la FGJCDMX y representante del padre —ausente en todas las diligencias—, apeló esas resoluciones. Los recursos llevan cerca de un año sin resolverse. La casa, mientras tanto, ya fue asegurada y la familia desalojada sin inventario formal.
Esto no es un “malentendido entre hermanos”. Es el retrato de una Fiscalía que, según la denuncia de Hilda, opera como despacho privado cuando el expediente toca a uno de los suyos. Escritura, Infonavit, peritaje y amparos federales dicen una cosa; la institución insiste en otra. El padre no se presenta; el funcionario no explica; la subordinada sostiene el litigio. Si esto ocurre con nombre, apellido y cámara encendida, el resto de las carpetas no necesita imaginación: basta con ver quién manda y quién paga la casa.