CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, admitió este 7 de octubre que “la realidad nos dice que hay que buscar algunos ajustes” a la reforma judicial de 2024, pero se negó a decir cuáles y devolvió la tarea a quienes hoy integran el Poder Judicial. La frase, suena a prudencia y es, en el fondo, una evasión: el mismo bloque que impuso en fast track la elección popular de jueces, ministros y magistrados ahora espera que los electos diagnostiquen el daño.
El diagnóstico ya está en los números oficiales, no en un informe que el Senado finge esperar. Del 1 de mayo de 2025 al 30 de abril de 2026, el Órgano de Administración Judicial registró rezago en 130 mil 631 de 210 mil 459 expedientes revisados: seis de cada diez. Cerca de 900 de los aproximadamente mil 700 jueces y magistrados federales salieron del cargo. La primera elección, en junio de 2025, movilizó apenas alrededor del 13 % del padrón. La nueva Suprema Corte resolvió 2 mil 371 asuntos entre septiembre de 2025 y julio de 2026, por debajo de los 3 mil 534 y 2 mil 860 de las dos integraciones previas en periodos comparables. El propio gobierno ya empujó aplazar la siguiente elección a 2028 y meter filtros técnicos; la Barra Mexicana de Abogados advirtió que eso no corrige el diseño.
Martínez insiste en que no hubo fracaso, solo una reforma “de fondo” que se puede perfeccionar. Es el lenguaje de quien no quiere firmar el parte de daños. Si el Senado tiene “una idea” de los ajustes, como él mismo dijo, lo que falta no es la voz de los juzgadores electos: falta que quien aprobó el experimento asuma el rezago, la salida de carrera judicial y una participación que nunca legitimó el modelo. Esperar a que el Poder Judicial se autocorrija es transferirle la responsabilidad de un cambio que nació en San Lázaro y en Palacio Nacional.