CDMX.- La Fiscalía General de la República confirmó este lunes que Inés Gómez Mont, detenida el 30 de octubre en Miami por autoridades migratorias estadounidenses, enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México. Una, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos, por defraudación fiscal equiparada. Según Ernestina Godoy, la exconductora habría recibido en sus cuentas personales recursos de un esquema de desvío y triangulación de dinero público del órgano encargado de las prisiones federales, a través de empresas fantasma, vinculado a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos. Además, habría declarado ingresos menores a los reales en 2014 y 2016, omitiendo el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. La detención actual en Florida es migratoria; si Estados Unidos la deporta, la FGR ejecutará las órdenes de inmediato a su llegada.
El caso no es nuevo. Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga llevan años prófugos desde órdenes emitidas alrededor de 2021, ligadas a contratos de seguridad penitenciaria de la era Peña Nieto. México pidió su detención provisional con fines de extradición en septiembre de 2025. Que recién ahora, cuando la detención migratoria estadounidense la pone en el radar, la Fiscalía precise las tres órdenes y el esquema de empresas fantasma revela más sobre la lentitud del aparato de justicia que sobre una operación “histórica”. El dinero que debió ir a la seguridad de las cárceles terminó, según la investigación, en cuentas personales mientras la implicada vivía fuera del país.
La crítica es directa: en un sistema donde los desvíos millonarios de recursos públicos se investigan durante años sin resultados visibles, y donde figuras públicas con órdenes de aprehensión pueden permanecer fuera del alcance hasta que un trámite migratorio extranjero las obliga a enfrentar la ley, la impunidad no es un accidente, es el patrón. Si las pruebas existen desde hace tanto, ¿por qué se tardó tanto en activar la persecución efectiva? La respuesta, hasta ahora, parece estar más en la capacidad de fuga y en las prioridades del Estado que en la fortaleza de las instituciones.