Investigados dos militares por presunta violación en retén de Ciudad Acuña, Coahuila
La Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y las Infancias indaga el caso de una mujer de 42 años que denunció abuso en un retén militar
Coahuila.- En un nuevo episodio que pone en tela de juicio el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, dos militares son investigados por la presunta violación de una mujer de 42 años, identificada como Karla, en un retén ubicado en la carretera federal 2, en Ciudad Acuña, Coahuila. El incidente, ocurrido supuestamente en julio pasado, fue denunciado por la víctima en el Centro de Empoderamiento de la Mujer de esa ciudad, y ahora está en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y las Infancias. La fiscal Katy Salinas confirmó la apertura de la carpeta de investigación, pero enfatizó que aún no se ha acreditado ni desmentido el hecho, manteniendo reserva sobre detalles sensibles.
Según el reporte, Karla fue interceptada en el punto de control y llevada a una caseta donde habría sufrido el abuso. Los militares involucrados han sido suspendidos temporalmente de sus funciones, pero la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alega que las relaciones fueron consensuadas y que incluso se pagó a la mujer, una afirmación que genera escepticismo dada la dinámica de poder en estos retenes, donde los civiles, especialmente mujeres, se encuentran en posición vulnerable frente a uniformados armados.
Este caso no es aislado. Desde que el Ejército asumió roles policiales en 2006 durante la "guerra contra el narco" de Felipe Calderón, las denuncias por abusos han sido constantes. Human Rights Watch ha documentado miles de quejas contra militares entre 2014 y 2019, incluyendo torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En su informe de 2024, la organización destaca que la militarización no ha frenado la violencia criminal, sino que ha exacerbado violaciones a derechos humanos, con especial impacto en migrantes y mujeres expuestas a agresiones sexuales por parte de funcionarios. Amnistía Internacional, por su parte, advierte que la impunidad persiste en estos casos, con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones como patrones recurrentes.
En Coahuila, frontera con Texas y zona de alto tránsito migrante, los retenes militares son comunes para combatir el crimen organizado, pero también han sido escenario de extorsiones y abusos. Aunque esta investigación civil es un paso adelante —a diferencia de muchos casos remitidos a fuero militar, criticado por su opacidad en el informe "Uniform Impunity" de HRW—, el reto es evitar que se diluya en la burocracia. ¿Cuántos casos más se necesitan para replantear la presencia militar en calles? La sociedad exige transparencia y justicia real, no solo suspensiones temporales.