CDMX.- El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez respondió con aritmética electoral a las más de 23 mil firmas —algunos reportes hablan de 23 mil 500— que ciudadanos, abogados y la activista Vania Pérez Morales entregaron el 29 de septiembre en el Senado para exigir su separación del cargo y un juicio de procedencia. “Me eligieron 650 mil sinaloenses, hombres y mujeres, libres y honestos”, dijo, y cerró con la frase de que los números hablan por sí mismos. El gesto, es político, no jurídico: el voto de 2024 explica por qué ocupa el escaño; no cancela una acusación formal ni convierte el fuero en un escudo perpetuo.
El 29 de abril la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó a Inzunza, al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios por conspiración para introducir narcóticos a Estados Unidos y por delitos de armas. Según la acusación, Inzunza —secretario de Gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024 y antes magistrado— se habría reunido con líderes de Los Chapitos y acordado protección institucional a cambio de respaldo político. El Departamento de Justicia aclara que se trata de cargos y que opera la presunción de inocencia. Él niega todo, habla de embestida política, se separó del grupo de Morena a finales de agosto tras más de 120 días de ausencia y reapareció el 31 de ese mes diciendo que defendería su cargo desde la curul. Cinco meses después, la respuesta a la petición ciudadana sigue siendo la misma cuenta de votos.
Comparar 650 mil sufragios con 23 mil firmas es un truco de retórica, no un argumento. Las firmas, reunidas en Change.org y acompañadas de una solicitud formal ante la Cámara de Diputados —con el aval de la senadora priista Paloma Sánchez en la entrega—, no pretenden anular la elección: piden que enfrente el proceso sin inmunidad. En un estado donde la disputa por la plaza se cobra en balazos, escudarse en el “proceso democrático” mientras se minimiza una imputación de un tribunal federal estadounidense no despeja la sospecha; la exhibe. El fuero existe para proteger la función, no para aplazar indefinidamente el escrutinio.