CDMX.- La Mesa Directiva del Senado, por instrucciones de su presidente Higinio Martínez, respondió a la solicitud de 26 mil 183 ciudadanos con una evasiva: la permanencia o la renuncia de Enrique Inzunza es decisión del propio senador. No concedió la audiencia pedida ni abrió un cauce para revisar las acusaciones. Vania Pérez, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y promotora de las firmas, lo resumió sin adorno: la omisión y el silencio ante señalamientos de esa gravedad también son complicidad política.
El expediente no es un rumor de pasillo. El 29 de abril de 2026 la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formuló cargos contra Inzunza, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros por una presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa —los Chapitos— para introducir narcóticos y delitos ligados a armas. Todos gozan de presunción de inocencia. El 29 de septiembre un grupo encabezado por Pérez entregó más de 23 mil firmas —luego sumaron 26 mil 183— y una solicitud de declaración de procedencia en Diputados para quitarle el fuero. Inzunza, que en agosto se salió de la bancada de Morena y hoy es senador sin partido, contestó que lo eligieron casi 650 mil sinaloenses y que las imputaciones son falsas. Estuvo ausente del recinto unos cuatro meses, de finales de abril al 1 de septiembre, y en su segundo informe de 104 cuartillas no detalla qué hizo en ese lapso.
El argumento del voto no cancela una investigación. El fuero existe para proteger la función legislativa, no para convertir un escaño en refugio mientras Washington sostiene una acusación formal y el Senado se lava las manos. Martínez y la mayoría oficialista eligieron el trámite cómodo: devolverle el problema al acusado y dejar a los firmantes sin audiencia. Si el “pueblo manda” solo cuando conviene en campaña, estas 26 mil firmas acaban de demostrar lo contrario.
