CDMX.- César Jáuregui no pide perdón. Desde el penal del Altiplano, donde un juez federal lo vinculó a proceso el 25 de octubre por traición a la patria, el exfiscal de Chihuahua mandó una carta al PAN nacional en la que insiste: “No pido impunidad. Pido debido proceso”. Niega haber cometido delito alguno y acusa un uso político de las fiscalías justo cuando buscaba la candidatura a la alcaldía de Chihuahua. Recuerda que defendió públicamente a la gobernadora Maru Campos cuando ella misma enfrentó señalamientos y advierte que, si hoy se tolera esto con él, mañana le tocará a cualquiera.
El caso es el del operativo de abril en El Pinal, municipio de Morelos: un laboratorio de drogas sintéticas desmantelado con agentes de la CIA presentes sin autorización federal. Murieron dos estadounidenses y dos mexicanos en un accidente. Jáuregui renunció el 27 de abril admitiendo “omisiones”. Meses después, el 17 de octubre, lo detuvieron primero por el fuero local (ejercicio ilegal del servicio público y coalición) y, minutos después de librar prisión preventiva estatal, la FGR lo reaprehendió por el delito federal de traición a la patria. Hoy está preso en máxima seguridad.
La carta no es un reclamo de inocencia abstracto; es el grito de un operador que ya no le sirve al grupo de Campos. Jáuregui fue su secretario de Gobierno, su fiscal y su escudo político. Ahora, con la disputa interna por la candidatura de 2027 (él se postulaba como el más competitivo según encuestas locales), el aparato que controla la gobernadora parece haber encontrado en las fiscalías la herramienta más eficiente para sacarlo del tablero. Que un panista de trayectoria acuse a su propia gobernadora de fabricar un proceso mientras la FGR le carga un delito que puede costarle décadas no es un detalle menor: es la prueba de que, en Chihuahua, el debido proceso es flexible según quién esté del lado correcto del poder. El PAN nacional tiene la palabra; hasta ahora, el silencio es más elocuente que cualquier carta.
