Juez federal emplaza al Ejército a retirar narcominas en Michoacán en 48 hrs para evitar desplazamiento forzado
Instruye a las autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, a coordinarse en las áreas social y económica para atender, rehabilitar y proteger a las víctimas de esta crisis.
CDMX.- En un paso significativo hacia la protección de derechos humanos en Michoacán, el juez federal Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito, emitió una orden contundente al Gobierno Federal y al del estado de Michoacán para implementar medidas efectivas contra el desplazamiento forzado. Esto, como respuesta a la proliferación de artefactos explosivos caseros, conocidos como "narcominas", sembrados por el crimen organizado en la región de Tierra Caliente.
La resolución, derivada de un amparo interpuesto por un grupo de jornaleros afectados, requiere la elaboración de un plan en un plazo de 48 horas para localizar, señalizar y retirar los explosivos. Asimismo, instruye a las autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, a coordinarse en las áreas social y económica para atender, rehabilitar y proteger a las víctimas de esta crisis. El juez enfatizó la importancia de salvaguardar los derechos humanos y garantizar que los habitantes de la región no sean obligados a abandonar sus hogares y empleos por temor a su integridad o incluso a perder la vida.
‘Deberán implementar las acciones que resulten efectivas para que, salvaguardando en la mayor amplitud posible los derechos humanos de las personas quejosas, les garanticen la prohibición de ser objeto de desplazamiento forzado, como consecuencia de la situación que prevalece en esa zona del Estado de Michoacán, motivada por la colocación de los mencionados artefactos explosivos, que pudiera ser determinante para que abandonen sus hogares o empleos, por temor a perder la vida o sufrir graves daños en su integridad personal (como aconteció en el caso de las mujeres de la población de Aguililla, Michoacán)’.
En su dictamen, el juez advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones resultará en la notificación al Ministerio Público Federal, quien iniciará las investigaciones necesarias contra los servidores públicos involucrados por desacato.
Los jornaleros que promovieron el amparo expresaron su desesperación ante la incapacidad de las autoridades para contener la violencia en la región, denunciando décadas de impunidad frente a secuestros, extorsiones, homicidios y desapariciones. "En Michoacán no se puede vivir en paz", aseveraron en su demanda, reflejando el sentir de una población asediada por el crimen organizado.
‘Requiérase a todas y cada una de las autoridades responsables para que dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado legalmente, acrediten el cabal cumplimiento a esta medida cautelar, acompañando copia certificada de todas las documentales que demuestren las gestiones y acciones, concretas y eficaces, que han realizado para tal efecto; y, cada SETENTA Y DOS HORAS, rindan un informe actualizando la información y avances correspondientes’
La orden del juez Santamaría Chamú representa una luz de esperanza para los afectados, marcando un llamado urgente a las autoridades para intervenir de manera decisiva en esta crisis que ha dejado profundas heridas en la región.