CDMX.- No es un detalle menor: en México, familias de desaparecidos tuvieron que irse a un amparo para que la Fiscalía General de la República aceptara recibir denuncias. El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal concedió una suspensión provisional en el amparo 1048/2026 y ordenó a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada tomar las quejas de 55 madres y familiares que, el 9 de septiembre, intentaron denunciar por comparecencia y se toparon con el rechazo. La FGR tiene 48 horas para informar cómo cumplirá. El plantón frente a Río Pánuco 10 lleva más de dos semanas; colectivos como Buscando Cuerpos, Regreso a Casa Veracruz, Guerreras Buscadoras Jalisco y Resilientes MX duermen en la banqueta, bajo lluvia y con disparos a unas cuadras que la propia Fiscalía se apresuró a desligar de “su” edificio.
Eso no es un trámite trabado. Es el Estado diciéndole a quien busca a un hijo que ni siquiera el primer acto —asentar la denuncia— le corresponde sin pelea judicial. La dependencia ha hablado de “diálogo”, de muestras genéticas y de planes de trabajo; las madres hablan de malos tratos, citas canceladas y de una institución que prefiere el comunicado al mostrador. Ceci Flores lo resumió sin adorno: qué les cuesta recibirlas, darles la cara, pasarlas a una sala. Si hay que recordárselo a la fiscal Ernestina Godoy y a Palacio Nacional, el problema ya no es de capacidad: es de voluntad.
Recibir una denuncia no localiza a nadie. Pero negarla es otra forma de desaparecer el caso. El 29 de septiembre el juez verá si la suspensión se vuelve definitiva; el 16 de octubre se discute el fondo. Mientras tanto, las 55 familias siguen afuera. La crítica no es retórica: una fiscalía que necesita una orden judicial para abrir el expediente ha dejado de ser, en ese punto, autoridad. Es obstáculo. Y el país que registra decenas de miles de desaparecidos no puede permitirse que el primer paso dependa de un amparo.
