CDMX.- En la sesión del 20 de abril de 2026, la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador, participó sin excusarse en la acción de inconstitucionalidad 152/2024. Esa demanda la firmó ella misma en septiembre de 2024 contra la fracción I del artículo 189 del Código Penal de Sinaloa, que castiga quien “provoque, incite o apoye a difundir” expresiones de odio, violencia o discriminación. El proyecto del ministro Arístides Guerrero (el “Chicharrón”) propone declarar válida solo parte del tipo penal y tumbar “apoye a difundir” por violar libertad de expresión. Ríos ni se inmutó: leyó, votó y siguió como si nada.
Es un conflicto de intereses descarado. Ríos promovió la acción como funcionaria de AMLO y ahora, convertida en ministra desde septiembre de 2025, resuelve el expediente que ella inició. En otros casos la SCJN sí le ha declarado impedimento por el mismo motivo; aquí, ni ella se excusó ni el ponente lo pidió. La Corte, rebautizada por críticos como “del acordeón” tras la reforma judicial, vuelve a exhibir que la lealtad al origen pesa más que la imparcialidad.
Esto no es un tecnicismo jurídico: es la erosión flagrante de la confianza en la justicia. Un tribunal que permite que sus integrantes resuelvan causas propias destruye cualquier apariencia de neutralidad y confirma lo que muchos temían de la nueva SCJN: más control político y menos contrapesos reales. Las dudas son legítimas, no son “ruido”; son la voz de quienes aún espera que la toga sirva para algo más que cobijar favores del pasado.