¿Justicia a la venta? El escándalo de corrupción que sacude Puebla y desafía la reforma judicial
La denuncia, firmada por una abogada anónima que teme represalias, detalla cómo Hernández habría solicitado “ayuda económica” con frases como “no veo claro”, insinuando pagos para mover casos.
Puebla.- Un tuit incendiario de @Mr_Civico, publicado este lunes 9 de junio de 2025, ha puesto en jaque a Hugo Antonio Hernández Paredes, presidente de la Junta Especial No. 6 de Puebla, acusado de exigir sobornos para agilizar juicios laborales. La denuncia, firmada por una abogada anónima que teme represalias, detalla cómo Hernández habría solicitado “ayuda económica” con frases como “no veo claro”, insinuando pagos para mover casos, e incluso invitaba a litigantes a comidas para discutir asuntos, una práctica que considera ilegal y que retrasa procesos a menos que se pague. Según su relato, las audiencias o diligencias pueden demorarse hasta seis meses a menos que se ofrezca dinero, afectando sus casos y los de otros abogados.
La abogada también acusa a Hernández de denigrar a su personal, echando la culpa a secretarios y actuarios por sus propias órdenes, lo que ha provocado una rotación constante de empleados. Además, asegura haber sido testigo de un historial de acoso hacia compañeras y litigantes, así como abusos de autoridad en remates de propiedades. Estos señalamientos resuenan con el Índice de Percepción de Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, que ubica a México en el puesto 124 de 180 países, y una encuesta de 2019 que reveló que el 68% de los mexicanos ve la corrupción judicial como un mal arraigado.
Las imágenes del post—Hernández en una motocicleta y con amigos—contrastan con la gravedad de las acusaciones, evocando casos pasados como el de la Casa Blanca bajo Peña Nieto (2012-2018), donde lujosos estilos de vida encubrieron irregularidades. La Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla ya había sido señalada en una auditoría de 2021 por la Secretaría de la Función Pública, que documentó fallas en el manejo de casos, según registros oficiales de marzo de 2022. El intento fallido de renuncia de Hernández, tras admitir irregularidades, sugiere protección institucional, un problema que el Índice de Riesgo de Corrupción 2023 del IMCO elevó un 71% en México.
Este escándalo irrumpe mientras Morena impulsa una reforma judicial para elegir jueces por voto popular en 2025, una medida que la OAS criticó en junio de 2024 por poder agravar la corrupción. ¿Es este caso un síntoma de un sistema judicial podrido o una advertencia sobre los riesgos de la reforma? Por ahora, la justicia mexicana sigue atrapada entre la impunidad y un cambio que podría no ser la solución.