¿Justicia para el pueblo o un arma contra los poderosos? La reforma al amparo desata polémica
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo, que busca agilizar juicios y recuperar recursos fiscales. Monreal asegura que la medida no afecta derechos fundamentales
CDMX.- En un ambiente cargado de tensiones, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió este miércoles una reforma a la Ley de Amparo que, según él, busca acabar con los abusos fiscales de grandes empresarios y delincuentes de cuello blanco. Sin embargo, la medida ha desatado un debate profundo sobre sus implicaciones reales y quiénes podrían ser los verdaderos afectados.
Monreal argumentó que la reforma, aprobada en lo general y en lo particular, tiene como objetivo agilizar los juicios y evitar que los amparos se utilicen para retrasar indefinidamente pagos al fisco. Según sus cifras, existen más de 2,000 juicios y recursos de nulidad pendientes, con un monto superior a 100,000 millones de pesos, y el Estado solo recupera el 0.5% de esos recursos tras un promedio de 16 a 22 años. “Esta reforma va orientada a quienes no pagan lo justo, a los lavadores de dinero y a la delincuencia organizada”, afirmó con énfasis.
Sin embargo, detrás de este discurso populista se esconden preguntas críticas. ¿Realmente esta reforma protege al pueblo, o podría convertirse en un instrumento para limitar derechos fundamentales? La oposición, representada por figuras como Emilio Suárez Licona del PRI, advirtió que la modificación podría debilitar la certeza jurídica, al cambiar reglas procesales en medio de juicios activos. Además, la retroactividad planteada en la reforma ha generado dudas sobre su constitucionalidad, a pesar de que Monreal asegura que cuenta con sustento jurisprudencial.
El contexto no es menor. Esta iniciativa forma parte de una serie de reformas promovidas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca consolidar un “nuevo pacto fiscal” para financiar programas sociales. Sin embargo, críticos señalan que la urgencia con la que se impulsa esta medida podría dejar en desventaja no solo a grandes corporaciones, sino también a ciudadanos comunes que dependen del amparo para defenderse de abusos gubernamentales, como en casos de denegación de tratamientos médicos, tal como lo ha advertido el doctor Éctor Jaime en redes sociales.
La reforma, aprobada el 15 de octubre de 2025, ahora regresa al Senado para su revisión final. Mientras tanto, la sociedad mexicana se divide entre quienes ven en esta medida un paso hacia la justicia social y quienes temen que sea el comienzo de un retroceso en las garantías individuales. Lo cierto es que, más allá de los discursos, el verdadero impacto de esta reforma solo se conocerá con el tiempo, cuando los primeros casos lleguen a los tribunales. ¿Será esta una victoria para el pueblo o un nuevo capítulo en la erosión de los derechos? La respuesta, por ahora, permanece en el aire.