La 4T atenta contra la libertad de expresión en México: Un patrón que Morena sigue al pie de la letra
¿El fin de la libertad de expresión bajo Sheinbaum?
Por: C.C. Mayo
En un país donde la libertad de expresión es un derecho constitucional y un pilar de la democracia, México enfrenta una ola de incidentes que sugieren un retroceso alarmante bajo el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Desde la humillación pública de un ciudadano frente a un senador hasta la sanción de una ama de casa por un tuit crítico, pasando por la persecución judicial de periodistas, la aprobación de leyes restrictivas y ahora la censura a una actriz por publicaciones en X, estos seis casos forman un patrón que amenaza con asfixiar el debate público. Este análisis crítico examina estos incidentes, sus implicaciones y el riesgo de una escalada autoritaria si no se pone un freno a estas prácticas.
1. Gerardo Fernández Noroña: La humillación pública como arma política
El 19 de mayo de 2025, el Senado de la República fue escenario de un acto sin precedentes, Carlos Velázquez de León, un abogado, fue obligado a leer una disculpa pública ante el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, por un altercado ocurrido el 20 de septiembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Velázquez increpó a Noroña con frases como “mandaron al país a la mierda”, refiriéndose a Morena, lo que derivó en una denuncia penal por agresión física y verbal. La disculpa, transmitida en vivo por los canales oficiales del Senado, fue presentada como un acuerdo conciliatorio, pero desató una tormenta de críticas.
“Es un acto de humillación”, afirmó Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, calificándolo de “profunda indignidad”. La senadora Lilly Téllez lo llamó “ridículo”, mientras que el periodista Carlos Loret de Mola lo comparó con un “ritual medieval” de escarmiento público. Incluso dentro de Morena, el economista Gerardo Esquivel, cercano al oficialismo, lo tildó de “inadmisible”.
Noroña, conocido por su estilo confrontacional, defendió la medida como un “precedente” para proteger la dignidad, pero el uso del Senado como escenario para resolver una disputa personal evidencia un abuso de poder. En un país donde la impunidad reina en casos de feminicidios y desapariciones, la rapidez con la que se movilizó el aparato estatal para castigar a un ciudadano por insultos es alarmante. Este caso envía un mensaje claro: criticar a una figura de Morena puede tener consecuencias humillantes.
2. Layda Sansores: La prensa bajo asedio en Campeche
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha sido señalada por orquestar una persecución judicial contra el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del portal Tribuna. El 13 de junio de 2025, González fue vinculado a proceso por “incitación al odio y violencia” contra Sansores, tras publicar críticas sobre su gestión. Las sanciones incluyeron el cierre de Tribuna, la prohibición de ejercer el periodismo durante dos años, una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al vocero estatal Walther Patrón Bacab, y el embargo de sus propiedades.
Con más de 50 años de trayectoria, González denunció que enfrenta una “persecución orquestada” por Sansores, quien ha cerrado cinco periódicos locales desde que asumió el poder en 2021. La gobernadora, en su programa Martes del Jaguar, calificó las críticas de González como “libertad de agresión” y negó que se trate de censura, argumentando que defiende a las mujeres de la “humillación”. Sin embargo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusó a Sansores de hostigar a medios críticos, dejando a Campeche sin prensa independiente.
Este caso no solo silencia a un periodista, sino que elimina un medio de comunicación, privando a los campechanos de información crítica. La narrativa de Sansores, que invoca la misoginia para justificar su querella, parece una táctica para desviar la atención de las acusaciones de corrupción y mal manejo de recursos públicos.
3. Irene Olea Torres: Violencia extrema contra periodistas en Puebla
En Izúcar de Matamoros, Puebla, la exalcaldesa Irene Olea Torres fue vinculada a proceso el 16 de junio de 2025 por intimidar a testigos en un caso de tortura sexual y abuso de autoridad contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, ocurrido el 10 de marzo de 2023. Las hermanas, quienes cubrían una protesta feminista, fueron detenidas arbitrariamente por policías municipales, sometidas a violencia física y sexual, y obligadas a pagar una multa para ser liberadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó 49 pruebas contra Olea, incluyendo testimonios de testigos protegidos y evidencia de que ordenó la falsificación de documentos para encubrir los hechos. El asesinato de María del Socorro Barrera, una testigo clave, el 20 de junio de 2024, días antes de declarar, eleva la gravedad del caso. Aunque Olea enfrenta cargos por intimidación, el juez desestimó la vinculación por falsificación, lo que Michelle Hoyos calificó como una “revictimización”.
Este caso evidencia la violencia extrema que enfrentan los periodistas en México, especialmente mujeres, y el uso del poder municipal para obstruir la justicia. La impunidad de los policías prófugos y la falta de un pronunciamiento de la presidenta Sheinbaum refuerzan la percepción de un sistema que protege a los poderosos.
4. La “Ley Censura” en Puebla: Un marco legal para la represión digital
El 12 de junio de 2025, el Congreso de Puebla aprobó la “Ley de Ciberseguridad”, conocida como “Ley Censura”, que tipifica el “ciberasedio” como “insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar” de manera reiterada en redes sociales, con penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 39,599 pesos. Aunque el gobierno de Alejandro Armenta defiende la ley como una protección contra el acoso digital, organizaciones como Artículo 19 y la SIP advierten que sus definiciones ambiguas podrían criminalizar críticas legítimas.
En un estado donde se han documentado 22 procesos judiciales contra periodistas entre 2018 y 2024, según Artículo 19, esta ley representa una amenaza para la prensa y los ciudadanos. La posibilidad de eliminar contenido digital sin orden judicial agrava el riesgo de censura. Usuarios en X, como @ferbelaunzaran, han calificado la ley como un “ensayo” para políticas nacionales de control digital, especialmente tras la propuesta de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en mayo de 2025.
5. Karla María Estrella: Una ama de casa sancionada por un tuit
El 19 de junio de 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a Karla María Estrella Murrieta, una ama de casa de Hermosillo, Sonora, por un tuit del 14 de febrero de 2024 que cuestionaba la candidatura de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras Samaniego. El mensaje decía: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura”. El TEPJF consideró que el tuit constituía “violencia política en razón de género” al insinuar que Barreras obtuvo su posición por influencia de su esposo, imponiendo a Estrella una multa, disculpas públicas durante 30 días, un curso de género y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas del INE por 18 meses.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en minoría, defendió que la crítica era legítima y estaba protegida por la libertad de expresión, pero la resolución, avalada por Mónica Soto y Felipe Fuentes, refleja una interpretación subjetiva que prioriza la imagen de una figura pública sobre el derecho ciudadano al escrutinio. Usuarios en X, como @casaverde72, calificaron la sanción como “censura” y un “precedente autoritario”.
En un video, el diputado Federico Döring califica la sanción como un “exceso” y parte de un patrón de “censura del bienestar”, comparándolo con casos en Campeche y Puebla. Argumenta que, en todo caso, la acción adecuada sería borrar el tuit y publicar la sentencia, no multar a ciudadanos por criticar a políticos. Además, critica el uso del artículo 109 para penalizar expresiones, incluso por autoridades sindicales, y advierte que “ya no se puede criticar a políticos ni con una sílaba”. Usuarios en X, como @1Libelula1971 y @MarichuPla, han expresado indignación, acusando al TEPJF de ser manipulado por figuras políticas como Barreras y su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, para silenciar críticas.
6. Laisha Wilkins: La censura se extiende a las redes sociales
El 20 de junio de 2025, Laisha Wilkins, conocida actriz y presentadora de televisión en México, denunció haber recibido una queja del TEPJF por sus publicaciones en redes sociales tras llamar “censuradora a una candidata de la elección judicial” (X Post). En su mensaje, expresó indignación, calificando la acción como “CENSURA CIUDADANA” y llamó a la sociedad a unirse contra el abuso de los derechos y libertades fundamentales.
La queja del TEPJF se originó por un tuit donde Wilkins comentó “Jaja Dora la Censuradora jajaj” en respuesta a una nota de Aristegui Noticias titulada: “Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”. El TEPJF solicitó a Wilkins explicar el objetivo de su publicación, proporcionar un domicilio para notificaciones y aclarar si tenía vínculos con partidos políticos o candidatos en el proceso electoral del Poder Judicial de 2024-2025. La opacidad del proceso, al no revelar la identidad del denunciante, ha generado críticas sobre su legitimidad.
En una entrevista con El Universal, Wilkins afirmó que su comentario no era agresivo, sino una burla, y calificó la denuncia como un “mecanismo de censura y de inhibición sumamente grave que vulnera los derechos humanos”. Este caso evidencia que la censura se extiende incluso a figuras públicas como Wilkins, quien utiliza las redes sociales para expresar opiniones políticas, ampliando el espectro de la represión más allá de periodistas y medios tradicionales.
La respuesta de Claudia Sheinbaum: Palabras vacías frente a la represión
La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado proyectar un compromiso con la libertad de expresión, pero sus acciones no han estado a la altura de su discurso. El 18 de junio de 2025, en respuesta al caso de Sansores, afirmó: “Cualquier cosa que tenga que ver con la censura, estamos en contra”. En el caso de la “Ley Censura” en Puebla, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó rechazo a la censura, pero no se han tomado medidas para derogar la ley . En los casos de Olea, Estrella y Wilkins, Sheinbaum ha guardado silencio, lo que refuerza la percepción de una postura selectiva que prioriza la unidad de Morena sobre la defensa de los derechos humanos.
Un patrón de represión: La 4T y la erosión de la democracia
Estos seis casos no son aislados; forman un patrón que revela una estrategia deliberada para silenciar voces disidentes bajo la 4T. La tabla siguiente resume los incidentes y sus implicaciones:
El uso del sistema judicial para castigar críticas, la aprobación de leyes ambiguas que facilitan la censura, y la instrumentalización de la narrativa de género para desviar señalamientos, son tácticas que erosionan la democracia. México, que ocupa el lugar 124 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, según Amexi, enfrenta un riesgo real de autocensura y desaparición de medios independientes.
Implicaciones y riesgos futuros
Si estas prácticas no se detienen, México podría enfrentar:
Autocensura generalizada: Ciudadanos y periodistas podrían abstenerse de criticar al poder por temor a represalias legales o físicas, como se ve en los casos de Estrella y Wilkins.
Desaparición de medios independientes: Como en Campeche, la prensa crítica podría ser eliminada, dejando a la ciudadanía sin acceso a información plural.
Debilitamiento democrático: La falta de debate público y escrutinio al poder amenaza los principios democráticos garantizados por la Constitución.
Escalada autoritaria: La reforma judicial de 2024, que permite la elección popular de jueces, podría agravar la falta de independencia judicial, facilitando más casos de represión.
El caso de Wilkins, al igual que otros analizados, sugiere un patrón de uso de instituciones para limitar la libertad de expresión, afectando tanto a ciudadanos como a figuras públicas. Su visibilidad amplifica el impacto de la denuncia, destacando la necesidad de proteger el derecho al escrutinio público sin temor a represalias.
Conclusión: Un llamado urgente a la acción
La libertad de expresión en México está bajo asedio. Los seis casos analizados —Noroña, Sansores, Olea, la “Ley Censura”, Estrella y Wilkins— no son meros incidentes; son síntomas de un proyecto político que, bajo el manto de la 4T, busca controlar el discurso público. La presidenta Sheinbaum debe ir más allá de las palabras y tomar medidas concretas, investigar a los responsables, derogar leyes restrictivas y garantizar la independencia judicial. La sociedad civil, los medios y la comunidad internacional deben permanecer vigilantes para evitar que México caiga en un régimen donde solo las voces oficialistas tengan cabida. La democracia mexicana está en juego, y el silencio no es una opción.