CDMX.- El viernes 13 de noviembre Estados Unidos sufrió una de las peores disrupciones aéreas en décadas: la FAA ordenó un ground stop nacional de más de cuatro horas después de que, durante el reemplazo de cableado de cobre por fibra óptica, un rúter instalado por el contratista L3Harris saturó la red con miles de intentos de conexión. El resultado fue la inestabilidad de comunicaciones y radares en 17 de los 22 centros de control en ruta, cancelaciones que superaron las 9 mil el mismo día y miles más durante el fin de semana. Las autoridades descartaron ciberataque y señalaron la obsolescencia del sistema —equipos de hasta 50 años— como causa de fondo.
En ese contexto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno de la 4T prepara una nueva Política Aeronáutica Mexicana que busca actualizar comunicaciones, navegación, vigilancia y gestión del tránsito aéreo, además de capacidades para prevenir y responder a incidentes cibernéticos. El detalle que revela la falta de urgencia es el calendario: los resultados de esa renovación se consolidarían entre 2031 y 2035, es decir, después de que termine el sexenio de Claudia Sheinbaum. Sustituirá directrices vigentes desde 2001, pero la consolidación queda empujada más allá del periodo de quien ahora gobierna.
Que el vecino del norte se paralice por equipos obsoletos mientras aquí se anuncia un plan que madurará casi una década después no es coincidencia informativa: es la evidencia de que la modernización del control aéreo mexicano se trata como proyecto de largo aliento en vez de riesgo operativo inmediato. La lección de la falla en Estados Unidos es clara: retrasar el reemplazo de infraestructura crítica no es prudencia, es apostar a que el sistema no colapse antes de que llegue el siguiente gobierno.



