Tabasco.- Las fotos no son nuevas. Estaban en la revista social tabasqueña S&R del 26 de enero de 2022. Ahí aparece Jorge Amílcar Olán Aparicio —el empresario que Andrés Manuel López Obrador reconoció como amigo de sus hijos— en la boda de una hija de Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad de Tabasco bajo Adán Augusto López. El mismo Bermúdez que años después fue detenido en Paraguay y señalado por la Fiscalía como presunto líder de La Barredora. La imagen no prueba un delito. Prueba otra cosa, más incómoda: que el círculo de negocios cercano a Andy López Beltrán y el hombre que comandaba la policía estatal compartían mesa cuando Tabasco ya figuraba en reportes de inteligencia militar.
Ese 2022 no era un año inocente. Documentos del Ejército identificados en 2021 y 2022 situaban a Bermúdez como “Comandante H”, con un pie en la Secretaría y otro en la estructura que cobraba piso, movía huachicol y usaba patrullas para escoltar cargamentos. Mientras tanto, Olán dejaba atrás contratos de 27 mil pesos por piezas de baño y se convertía en proveedor millonario de medicamentos y obras. Investigaciones posteriores lo han ligado a empresas, rentas al Poder Judicial y señalamientos de huachicol fiscal; su hermano aparece en audios de 2023 hablando de un operador del CJNG en Veracruz. La boda no “cierra el círculo” por magia. Lo que lo cierra es el patrón: poder público, contratos y un secretario de Seguridad que hoy está preso.
Lo grave no es que un empresario vaya a una fiesta. Lo grave es que, cuatro años después, el Estado todavía pretenda que esos mundos no se tocaban. Bermúdez no era un extraño: era el jefe de la policía. Olán no era un desconocido: era el amigo documentado del hijo del presidente. Si la 4T combatía la corrupción “de raíz”, ¿cómo se explica que el jet set de Villahermosa mezclara al operador de “El Clan” con el presunto capo de La Barredora y nadie levantara la ceja? La foto no condena. El silencio institucional, sí.
