La CNDH bajo escrutinio: pocas recomendaciones ante miles de quejas contra Sedena y Guardia Nacional
De acuerdo con datos oficiales, la GN enfrentó 2,273 quejas en el periodo mencionado
CDMX.- Entre 2020 y octubre de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) acumularon 3,480 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero el organismo, presidido por Rosario Piedra Ibarra, apenas emitió 39 recomendaciones. Este contraste ha generado críticas sobre la imparcialidad y eficacia de la CNDH, en un contexto de creciente militarización de la seguridad pública en México.
De acuerdo con datos oficiales, la GN enfrentó 2,273 quejas en el periodo mencionado, pero solo recibió 13 recomendaciones. La Sedena, por su parte, registró 2,109 quejas, con 26 recomendaciones emitidas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala en su informe “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024” que muchas de las recomendaciones a la GN se refieren a actos cometidos por la extinta Policía Federal, antes de la creación de la Guardia en 2019. Más aún, de las 132 recomendaciones por violaciones graves emitidas desde 2020, 115 corresponden a hechos previos al 1 de diciembre de 2018, lo que sugiere un enfoque en administraciones pasadas y una aparente omisión de casos recientes bajo el gobierno de Morena.
Casos emblemáticos como el enfrentamiento en La Concordia, Chiapas (marzo de 2024), que dejó 25 muertos, la ejecución de Nahomi, una niña de nueve años, por disparos de la GN en San Luis Potosí (julio de 2023), o la muerte de Heidi Mariana por agentes de la Sedena en Tamaulipas (2022), no han derivado en recomendaciones de la CNDH. Esta inacción refuerza la percepción de un organismo sesgado, incapaz de abordar la gravedad de la militarización y sus consecuencias.
Michael Chamberlin, activista y exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, apunta a la “partidización” del organismo y su cercanía con la Sedena como factores que limitan su capacidad de emitir recomendaciones críticas. “La CNDH no mira el problema de manera contextual ni propone medidas preventivas”, afirma, destacando su enfoque en casos individuales en lugar de abordar patrones sistemáticos de abuso. Por su parte, Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, critica la “demora excesiva” en las investigaciones, incluso en casos de tortura con sentencias judiciales.
El analista de seguridad David Saucedo va más allá, acusando a la CNDH de operar como un “escudo” para las Fuerzas Armadas, minimizando las denuncias y protegiendo su imagen en un momento en que su rol en la seguridad pública es central. Según Saucedo, la reelección de Piedra Ibarra en 2023 responde a esta lógica de respaldo político. “La única vía para buscar justicia es acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la ONU”, sentencia, ante la inoperancia del organismo nacional.
La CNDH, creada en 1990 como un pilar de defensa de los derechos humanos, enfrenta un momento crítico. Organismos internacionales han señalado reiteradamente problemas como la tortura, las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos de migrantes y menores en México, pero la CNDH parece desoír estas alertas. En un país donde la militarización de la seguridad pública ha escalado, la falta de una institución autónoma y efectiva agrava la vulnerabilidad de las víctimas. La pregunta persiste: ¿puede la CNDH recuperar su credibilidad y cumplir su mandato en un contexto de presiones políticas y polarización?