Tamaulipas.- Le preguntaron algo sencillo a Magaly Deandar, diputada local de Morena por Reynosa: si había ordenado pagar facturas a Llantires LLC México, empresa en la que figura como socio Mario Guitián Rosas, alias “La Chispa”. Ella lo negó de frente. Los documentos del Congreso de Tamaulipas, obtenidos vía transparencia, dicen otra cosa: ella avaló esos pagos en 2023 y 2024. No es un detalle menor. Deandar acaba de registrarse para competir por la Coordinación de Defensa de la Transformación de Morena en Reynosa, con la mira puesta en la alcaldía de 2027, y ya encabeza algunas encuestas internas.
Guitián Rosas no es un empresario anónimo. Reportes periodísticos de alcance nacional lo han vinculado como operador de Los Metros, célula del Cártel del Golfo en Reynosa, y lo han señalado por amenazas a activistas que denunciaron desapariciones y huachicol. Él lo niega, se presenta como empresario que paga impuestos y ha demandado por difamación a periodistas, entre ellos el mismo López San Martín. Lo que no se discute es que su empresa recibió recursos públicos autorizados por la diputada que hoy quiere ser presidenta municipal de la misma ciudad.
En un municipio fronterizo donde el crimen organizado no es un rumor sino una realidad cotidiana, la contradicción entre lo que se dice ante la cámara y lo que se firma en el papel no es un descuido: es un patrón de opacidad que erosiona cualquier discurso de “honestidad” y “transformación”. Si Morena pretende gobernar Reynosa con este tipo de explicaciones, el problema no es solo de una diputada: es de un partido que sigue tolerando que las evidencias documentales se contradigan con las negaciones públicas sin consecuencias visibles.