Guanajuato.- La presidenta Claudia Sheinbaum salió este viernes a cortar de tajo la sospecha: José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina de López Obrador, “ni está escondido ni se ha negado a declarar”. Dijo que no hay carpeta de investigación ni delito en su contra y que su llamado a juicio viene de la defensa de un detenido, no de una imputación propia.
Ese detenido es su sobrino político, el excontralmirante Fernando Farías Laguna, ligado al caso de huachicol fiscal en aduanas marítimas. El 28 de agosto, en la audiencia de imputación, la FGR informó a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega que no logró localizar al almirante para notificarle el citatorio. Lo dijo en sala el abogado Epigmenio Mendieta. Eso no convierte a Ojeda en prófugo ni en acusado. Sí deja una pregunta brutal: ¿cómo no ubica la Fiscalía a un almirante que, según la propia Marina, sigue en activo?
Porque Ojeda no se fue a casa. Desde el 1 de octubre de 2024 figura como asesor de la Secretaría de Marina, nivel SM04. Semar ha informado que permanece en la institución y cobra como almirante: cerca de 150 mil pesos al mes. La declaración patrimonial presentada el 30 de mayo de 2026 y hecha pública este viernes reporta ingresos netos de 2 millones 40 mil pesos en 2025, sin rendimientos empresariales ni de inversiones.
El timing no ayuda al gobierno. Hasta esta semana, esas declaraciones estaban reservadas hasta 2030 por “seguridad nacional”. Tras la presión mediática y legislativa, Anticorrupción anunció la desclasificación de 69 funcionarios activos de Marina —incluido Ojeda— y de nueve exfuncionarios. Los documentos ya están en Declaranet, en versión pública. Transparencia a destiempo no es transparencia: es contención de daños.
El contraste es el problema. Un Estado que localiza a cualquiera cuando quiere no puede sostener, el mismo día, dos verdades: que el almirante “no está escondido” y que la FGR no pudo entregarle un papel. Sheinbaum deja en manos de Ojeda si declara o no. La Fiscalía, en manos de Ernestina Godoy, debía poder citarlo. Si un asesor de Marina con sueldo, escolta institucional y nómina pública resulta “no localizable”, el procedimiento no está fallando por azar. Está fallando donde el poder decide no empujar.
Publicar el patrimonio no cierra el expediente. Lo abre. Ahora el país puede ver los números. Lo que sigue sin verse es al testigo.
